Diecisiete personas, seis policías intervinientes y once campesinos, murieron durante el violento desalojo en las tierras conocidas como Marina kue, ubicadas en el departamento de Canindeyú, Paraguay, el 15 de junio de 2012. Sin embargo, en el juicio oral y público sobre tal desalojo -finalizado ayer- sólo fueron abordadas las muertes de los agentes policiales.
Amnistía Internacional, Oxfam y otras organizaciones locales e internacionales, han expresado su preocupación en diferentes oportunidades ante el rechazo del Ministerio Público de investigar la muerte de los once campesinos. “El Ministerio Público no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, ni tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios campesinos”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En línea con los estándares internacionales de los que Paraguay es parte, las autoridades están obligadas a realizar investigaciones independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos, y deben garantizar que las víctimas y sus familias, una vez acreditado el perjuicio, tengan acceso a una reparación integral. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que, ante casos de privación de la vida, los Estados tienen la obligación de investigar efectivamente los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de lo contrario se generarían las condiciones para que tales hechos se repitan en el futuro.
Según información de organizaciones locales de derechos humanos, en los últimos 25 años sólo Paraguay, por lo menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas han sido asesinados o se encuentran desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución equitativa de la tierra. “En Paraguay, el 1,6% de los propietarios poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución Nacional”, puntualizó Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.
En reiteradas ocasiones, Oxfam junto con organizaciones locales e internacionales, ha solicitado al gobierno la entrega de parcelas para cultivo a las familias campesinas afectadas por el acaparamiento de tierras en Curuguaty. “Hasta el momento, estas demandas no han sido atendidas y los campesinos siguen sin acceso a la tierra”, advirtió Ticehurst. Según informes publicados por Oxfam, aunque los minifundios campesinos suponen 8 de cada 10 explotaciones agrarias del país, su extensión total no ocupa más que el 4,3% de la tierra de cultivo.
Pobladores de la zona, varios de ellos víctimas y familiares de víctimas del desalojo violento de 2012, llevan más de diez años demandando el uso de las tierras de propiedad estatal en el marco de la reforma agraria. En paralelo, una empresa dedicada al cultivo de soja registraba la propiedad de manera irregular, según ha denunciado la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
En el juicio oral y público, única causa judicial impulsada para esclarecer los acontecimientos del desalojo violento del 2012 de Curuguaty, se han condenado a once campesinos por homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble, sin dar respuesta a su vez a los temas de verdad y justicia en el caso de los otros once campesinos asesinados, y sin dilucidar la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa, aún pendiente en el ámbito de la justicia civil.
Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades paraguayas a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio del 2012.
