En la búsqueda de los autores intelectuales
Berta Cáceres denunció la existencia de un modelo corporativo fraudulento que busca la explotación desmesurada de bienes naturales y provoca la represión de las comunidades ancestrales. Su incesante lucha por el respeto y el cumplimiento de las leyes, convenios y tratados que protegen los derechos de las poblaciones indígenas la hizo blanco de amenazas, acusaciones y agresiones. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelas a favor de Berta, el Estado de Honduras incumplió en el deber de garantizar su vida y su integridad personal.
A un año de su muerte, ocho personas guardan prisión por el delito de asesinato. Sin embargo, los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres siguen en libertad y, detrás de ellos, se esconden poderes políticos y económicos que encubren la verdad.
Los hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres ponen en evidencia la necesidad de que el Ministerio Público de Honduras amplíe y profundice en la investigación de los supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de licencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
