160 millonarios en El Salvador acumulan riqueza equivalente al 87% de la producción nacional

Los altos índices de desigualdad frenan el desarrollo y pueden perpetuar la pobreza en un país donde más de la tercera parte de la población la sufre. Oxfam hace una llamada al Gobierno, instituciones y sector empresarial para poner en marcha medidas que frenen la desigualdad, promoviendo una política fiscal más justa que contribuya a equilibrar la balanza.

En tan sólo un año, el número de multimillonarios en El Salvador creció de 150 en 2013 a 160 personas registradas el año pasado. Su fortuna conjunta alcanza hoy los 21.000 millones de dólares, lo que equivale al 87% del Producto Interno Bruto nacional. A nivel centroamericano, el panorama es similar: las 1.075 mayores fortunas poseen una riqueza total que asciende a 142.000 millones de dólares, lo que equivale al 80% de la producción de la región. En la otra cara de la moneda está la mitad de los 43 millones de habitantes de la región que tienen ingresos menores de un dólar al día y sufren altos índices de subnutrición.

A pesar de los avances en la lucha contra la pobreza de las últimas décadas, América Latina y el Caribe sigue siendo la región del mundo con un mayor índice de desigualdad. Según él, el número de milmillonarios (personas con una riqueza de más de mil millones de dólares) creció de los 111 en 2013 a 153 personas en 2014, lo que supone un incremento del 37,8%, el más alto por regiones del mundo.

“La desigualdad no es algo inevitable, sino el resultado de políticas equivocadas que se pueden y deben revertir. La desigualdad extrema supone un freno a la prosperidad de la mayor parte de las y los habitantes del planeta, genera sociedades duales y más violentas y deja sin oportunidades a millones de personas con menos ingresos”, afirma Iván Morales, director de Oxfam en El Salvador. 

“El crecimiento económico, tal como estamos constatando en los últimos años, no genera por si solo mejoras para la mayoría de la población, si éste no se acompaña con medidas que pongan freno a la creciente desigualdad y que genere oportunidades para todas y todos”, añade.

La concentración de riqueza extrema conlleva también altos niveles de concentración de poder. Los grupos de mayores recursos económicos han conseguido moldear las leyes en su propio beneficio, en detrimento de la mayoría de la población. La política fiscal (la ecuación de quién y cuánto contribuye; y cómo y en qué se invierten los ingresos) es uno de los instrumentos más eficaces que tiene el Estado para combatir la desigualdad. Sin embargo, en muchos países la política fiscal beneficia a los que más tienen y permite agujeros por los que se ‘escapan’ fortunas, tanto por mecanismos de elusión legales o por evasiones de capital a paraísos fiscales.

Se calcula que en El Salvador se pierden anualmente 1.200 millones de dólares vía elusión fiscal. Este dinero supone 60 veces la inversión en infraestructura para escuelas o 10 veces la inversión en infraestructuras sanitarias. La carga tributaria de El Salvador apenas llega al 15% del PIB y el sistema impositivo es altamente regresivo, pues el 65% de los ingresos provienen de impuestos indirectos (IVA) que penaliza el consumo de bienes y servicios y el 35 restante de impuestos directos.

“El sistema fiscal de El Salvador es notablemente injusto, porque pone la carga en los hombros de quienes menos tienen y en las clases medias, pero no en quienes tienen más. Esto impide que se financien políticas públicas que beneficien a todos y todas, en especial a las personas más vulnerables. Es imprescindible cambiar las reglas para asegurar que todas las personas contribuyan en su justa medida al bien común”, añade Morales.

A finales del año pasado Oxfam lanzó a nivel internacional la Campaña Iguales, en la que hace un llamado a los gobiernos, empresas e instituciones a que implementen políticas y medidas para frenar la desigualdad extrema y enfrentar las causas que la originan. Oxfam sostienen que estas causas son el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático por parte de las élites. 
 
Dentro de las recomendaciones destacan 8 puntos:

1. Distribuir el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa, trasladando la carga tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio, el capital y las rentas. Para el caso de El Salvador se recomienda avanzar en la adopción del impuesto patrimonial y predial.
2. Frenar la evasión y la elusión fiscal 
3. Garantizar un sistema de protección social universal adecuado y asegurar una verdadera representatividad de todos los sectores en las prioridades del gasto público, sobre todo de los grupos más vulnerables
4. Adecuar el salario mínimo para que permita alcanzar un nivel de vida digna para la población.
5. Lograr la igualdad salarial y promover políticas económicas a favor de las mujeres.
6. Invertir en servicios públicos gratuitos y universales como salud y educación.
7. Avanzar en la garantía del derecho humano al agua y a la alimentación adecuada 
8. Hacer de la lucha contra la desigualdad una prioridad nacional.