A medida que el año 2020 se acerca a su fin, la devastación económica causada por la pandemia de la COVID-19 no da señales de apaciguarse. Si no se adoptan medidas urgentes, la pobreza y la desigualdad globales se profundizarán drásticamente. Cientos de millones de personas ya han perdido sus empleos, se han endeudado todavía más o se han saltado comidas durante meses.
Una investigación de Oxfam y Development Pathways muestra que más de 2 700 millones de personas no han recibido apoyo financiero de su Gobierno en los momentos de mayor necesidad. Nuestro análisis muestra que ninguna de las prestaciones a personas desempleadas, gente mayor, menores de edad o las familias, dadas en los países de ingresos bajos y medios han sido de una cantidad suficiente como para satisfacer las necesidades básicas. El 41% de la ayuda de los Gobiernos ha sido en pagos únicos y casi todo el apoyo ahora se ha detenido.
Décadas de transferencias sociales limitadas a reducción de la pobreza y alejadas de la universalidad dejaron a la mayoría de los países completamente desprevenidos para la crisis económica derivada de la pandemia. Sin embargo, países como Sudáfrica y Bolivia han demostrado que un enfoque universal de la protección social es asequible y que tiene un profundo impacto en la reducción de la desigualdad y la protección de las personas que se encuentran en situación de necesidad.
