Activistas piden a la ONU que investigue discriminaciones raciales y de género en el despliegue mundial de la vacuna COVID-19

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza violan el derecho internacional en materia de derechos humanos al "prolongar la pandemia" previo a la vital reunión de la Organización Mundial del Comercio.

GINEBRA-Una coalición internacional de grupos de derechos humanos, expertos en salud pública y organizaciones de la sociedad civil, están emprendiendo acciones legales contra los EE.UU., Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza, alegando que estos países violan leyes internacionales de derechos humanos al no intervenir en lo que ha sido un desigual y racialmente discriminatorio despliegue de la vacuna y otras tecnologías de atención médica para la COVID-19. 

En un llamamiento al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) de la ONU, la coalición alega que al no levantar las barreras de propiedad intelectual en todas las tecnologías médicas COVID-19 a través de una exención de los ADPIC (o implementarla de manera efectiva a través de la transferencia tecnológica), Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza están violando la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, una convención de derechos humanos ratificada por casi todos los países del mundo.

Debido a que los países ricos que actualmente fabrican y acumulan vacunas son en su mayoría países de población blanca, y los países anteriormente colonizados que sufren debido a la retención de vacunas son en su mayoría de población negra, indígena u otras personas de color, el lanzamiento desigual de las vacunas que se ha dado es un ejemplo de manual de lo que es la discriminación racial estructural. 

La Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial requiere que los países tomen medidas efectivas “para revisar las políticas gubernamentales, nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular cualquier ley o reglamento que tenga el efecto de crear o perpetuar la discriminación racial dondequiera que exista." Los países tienen la obligación según la convención de "prevenir, prohibir y erradicar" todas las prácticas de discriminación racial, en particular "la segregación racial y el apartheid". 

Sin embargo, EE. UU., Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza se han opuesto o deliberadamente no han tomado todas las medidas disponibles para aumentar el suministro global y el acceso equitativo a las vacunas y otras tecnologías médicas para la COVID-19, una violación de sus obligaciones bajo la convención de derechos humanos. 

Globalmente el 73% de todas las dosis de vacuna COVID-19 se han destinado a solo 10 países. Los países ricos han administrado 61 veces más dosis per cápita que los países más pobres y han entregado solo el 14% de las 1.800 millones de dosis prometidas a los países pobres. Solo se ha vacunado al 5,8% de los africanos. Los 10 principales países de ingresos altos habrán acumulado 870 millones de dosis en exceso de vacunas para fines de 2021. Los países del Sur Global podrían perder 2,3 billones de dólares desde ahora hasta el 2025 si no puede vacunar al 60% de su población para mediados del 2022.

La apelación solicita al CERD que obligue a los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza a "respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos", así como a tomar varias acciones inmediatas, que incluyen:

• Exigir que los Estados demandados apoyen de inmediato, implementen y hagan cumplir una exención temporal de las barreras de propiedad intelectual sobre las vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19 actualmente impuestas por el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, según lo solicitaron la India y Sudáfrica en octubre del 2020, y
   
• Ordenar transferencias de tecnología y conocimiento por parte de las corporaciones farmacéuticas relevantes para aumentar de inmediato la producción de estas tecnologías médicas que salvan vidas.

El CERD se reúne el 15 de noviembre en una sesión de una semana que coincide con la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 30 de noviembre. La reunión ministerial de la OMC es una oportunidad clave para resolver el estancamiento de un año sobre la propuesta de romper el control del monopolio empresarial de tecnologías sanitarias para la COVID-19 mediante la concesión de una exención a los ADPICs.

Tian Johnson, fundador y estratega principal de la Alianza Africana y miembro de la Alianza de los Pueblos por la Vacuna (People's Vaccine Alliance), dijo: “Como consecuencia de las políticas económicas y sociales neocoloniales en África, los frágiles sistemas de salud impactan el acceso de las comunidades a los servicios de salud en gran parte del continente. África será conocida como el continente de la COVID-19, no por la vacilación con respecto a las vacunas, sino por la inequidad, la codicia y la inacción de las compañías farmacéuticas y los líderes políticos del Norte. Tener que depender únicamente de la capacidad y los recursos propios del continente no será suficiente para salvar vidas africanas. Tampoco debería serlo. Las vidas africanas importan tanto como las vidas en Berlín, Washington, Tel Aviv, Ginebra, Londres, Toronto o Bruselas. La crisis de la COVID-19 es una crisis global que requiere una acción global, cuya respuesta todos los países deberían poder compartir por igual”.

Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, dijo: “América Latina se ha visto muy afectada por la pandemia. Concentra casi el 25 por ciento de todas las muertes por la COVID-19 en un continente que es menos del 10 por ciento de la población mundial. Aunque existe capacidad industrial, muchos estados han tenido problemas para acceder a las vacunas. Grupos como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los sectores racializados son más afectados que otros, tanto por el virus como por las dramáticas crisis sociales y económicas que está provocando”.

Anele Yawa, Secretaria General de la Campaña de Acción para el Tratamiento (Treatment Action Campaign) y miembro de People's Vaccine Alliance, dijo: “Las grandes farmacéuticas han priorizado las ganancias excesivas sobre la protección de la salud de las personas por demasiado tiempo. A menudo son ayudados e instigados por los gobiernos del Norte Global a través de su inacción u oposición a un sistema más justo. Hemos visto repetidamente que esto ocurre en muchas luchas por el acceso a medicamentos asequibles, desde la lucha por los medicamentos contra el VIH a principios de la década del 2000 y más recientemente en nuestra lucha para arreglar las leyes de patentes (sólo en inglés) para garantizar medicamentos más asequibles para el cáncer, la tuberculosis, la salud mental y más. Una vez más, ahora con la COVID-19, estamos viendo que la codicia de las grandes farmacéuticas se prioriza sobre la vida de las personas en todo el mundo. Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y ayudar a priorizar a las personas sobre las ganancias, garantizando la equidad de las vacunas para todos, independientemente del lugar de nacimiento, la pobreza, el género o el estatus migratorio".

Joshua Castellino, director ejecutivo del Grupo por los Derechos de las Minorías Internacional (Minority Rights Group International), dijo: "La COVID-19 ha golpeado más a las personas de color, las mujeres, los indígenas y otros grupos minoritarios y discriminados en términos de infecciones, muertes, falta de acceso a la atención médica, pobreza resultante, e incluso violencia y trauma emocional. La discriminación del virus está siendo revisada por la discriminación de la vacuna, ya que las naciones ricas retienen y niegan deliberadamente a estos mismos grupos de personas el acceso equitativo al mismo". 

 Meena Jagannath, coordinadora de la Red Global de Abogados de Movimientos en Movement Law Lab, dijo: "Hemos presentado un desafío basado en evidencias ante la ONU, una institución destinada a encarnar el espíritu de la cooperación multilateral. Nuestra evidencia apunta a acciones específicas por parte de los Estados nombrados al perpetuar las divisiones estructurales entre el norte global y el sur global que están arraigadas en el colonialismo histórico, todo al servicio de las ganancias y la captura corporativa por parte de las corporaciones. Esto contraviene sus obligaciones legales en virtud de los pactos y acuerdos internacionales que han ratificado. Es una prueba a nuestra era para que el sistema de la ONU se involucre y haga enmiendas. Nos tomamos muy en serio nuestra determinación de buscar justicia y reparación".

 Mandivavarira Mudarikwa, abogada, Centro Jurídico para las Mujeres (Women's Legal Center), Sudáfrica, miembro de la Red-DESC - Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijo: “Es innegable que las mujeres en su diversidad, especialmente las de color, se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de la COVID-19, incluyendo el asumir la mayor carga de la atención médica y el trabajo de cuidados no remunerado. La disponibilidad desigual de acceso a la atención médica, el equipo de protección personal y la distribución de vacunas y otros tratamientos que salvan vidas ha puesto de manifiesto la discriminación constante que sufren las mujeres en su vida diaria. Se necesita una acción crítica y transformadora inmediata si queremos lograr un cambio sustancial y lograr un acceso justo y equitativo al derecho a la salud. Por lo tanto, apoyamos la presentación del llamamiento de acción urgente al CERD dirigido a abordar las injusticias de género y raciales que persisten y con la esperanza de que otros se unan a esta acción colectiva”.

La petición insta al CERD a reconocer que estos países deben priorizar las acciones que protegerán la vida de las personas en lugar de la propiedad intelectual de la vacuna controlada por las empresas. Deberían apoyar, en lugar de bloquear, una propuesta en la OMC para renunciar a estos monopolios de propiedad intelectual, de modo que más países puedan fabricar más vacunas y otras tecnologías sanitarias relacionadas a la COVID más baratas. 

La petición también se ve reforzada por un escrito legal separado firmado por juristas de todo el mundo que concluye que estos estados "bloqueadores" también están, con sus acciones, violando una serie de obligaciones de pactos y tratados de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. El escrito dice que estos países están violando tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con una serie de tratados que han firmado como miembros de la OMC, incluidas sus obligaciones legales de cooperación internacional. Una amplia coalición legal también está presentando denuncias adicionales en otros foros, incluida una presentación al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) para sacar a la luz la discriminación de género.

Los grupos solicitantes incluyen a la Alianza Africana (African Alliance), Centro para los Derechos Económicos y Sociales (Center for Economic and Social Rights), Centro de Estudios Legales y Sociales, Grupo por los Derechos de la Minoría (Minority Rights Group), Oxfam International y Campaña de Acción por el Tratamiento (Treatment Action Campaign). La petición fue coordinada por la Red Global de Abogados de Movimientos (de Movement Law Lab) y Red-DESC, y cuenta con el apoyo de SECTION27 y otras organizaciones dentro de People's Vaccine Alliance.