Derecho a producir

La mayoría de los países de América del Sur analizados en este informe - Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú - han dejado de ser economías basadas en la agricultura. A pesar ello, ésta sigue siendo un sector estratégico en la generación de empleo, la balanza comercial, el crecimiento económico en las áreas menos industrializadas y el equilibrio territorial. Y con un mercado internacional de los alimentos en constante vaivén, resulta clave para la seguridad alimentaria.

Las mujeres rurales son responsables de producir gran parte de los alimentos para el hogar, y asumen la doble carga del cuidado familiar y la producción para el mercado. A pesar de ello, su contribución no se reconoce en las políticas agrarias y son sistemáticamente discriminadas en el acceso a los activos productivos, los avances tecnológicos y los mercados. Los sistemas patriarcales les niegan el derecho a la tierra, sin la cual difícilmente pueden acceder al crédito. Y no suelen participar en los espacios de poder y decisión, por lo que su voz no se hace escuchar.

La concentración de la tierra en América del Sur es la mayor del mundo, y se agrava cada año con la expansión de los grandes monocultivos para producir cultivos industriales, materias primas para elaboración de biocombustibles y otros productos para la exportación.

Con el fin de impulsar esta transformación necesaria, Oxfam recomienda a los gobiernos de América del Sur, entre otros puntos:

• Abordar los desequilibrios estructurales en el acceso a los recursos naturales esenciales para producir (tierra y agua, fundamentalmente), avanzando en procesos de reforma agraria que garanticen el derecho a la tierra a la población habitualmente marginada (especialmente las mujeres y la población campesina, indígena y afrodescendiente).
• Revertir las décadas de falta de inversión en agricultura aumentando el gasto público hacia el sector, en consonancia con su aporte a la economía y al empleo.
• Ampliar la participación de la población en la elaboración, gestión y rendición de cuentas de los presupuestos públicos, incorporando a las organizaciones de productores y de mujeres rurales en la definición de prioridades.
• Incorporar la visión de género en los procesos políticos y presupuestarios, desarrollando estadísticas con datos separados por sexo, así como estudios específicos sobre las necesidades particulares de las mujeres productoras y el impacto de las políticas públicas sobre la inequidad de género.
• Situar la pequeña agricultura en el centro de las políticas agrarias y la inversión pública, por su papel clave en el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el equilibrio territorial.