De promesas a prioridades

A pesar de que en América Latina y el Caribe (LAC) se considera a la agricultura como un eje estratégico para el desarrollo, esto no se ha traducido en mayores recursos destinados al sector, ni en una asignación de recursos que promueva el desarrollo inclusivo, la sostenibilidad ambiental, o la resiliencia de los productores ante situaciones adversas y en el largo plazo. Más aún, tendencia decreciente en la asignación de recursos públicos al sector, sumada a la baja ejecución presupuestaria registrada en varias iniciativas y/o programas, contrasta con la contribución de este sector a la economía y compromete la producción nacional de alimentos.

El patrón de gasto actual muestra que la agricultura familiar y campesina (que representa a 8 de cada 10 productores agropecuarios) no está explícitamente reconocida en la planeación y programación presupuestal en la mayoría de los países. Pocas líneas de gasto favoreciendo principalmente a la agricultura comercial y convencional, capturan el grueso de los recursos disponibles y los recursos destinados a rubros como manejo sostenible de los recursos, promoción de cultivos tradicionales, y desarrollo económico y empresarial de los pequeños productores son bajos. Las mujeres productoras se encuentran entre los menos favorecidos por el gasto ya que su rol como productoras no es reconocido de igual forma que para el caso de los productores, enfrentan mayores dificultades y barreras para acceder a apoyos y servicios diversos, y los recursos destinados específicamente para ellas y con enfoque productivo, son mínimos o inexistentes. Para lograr un sistema alimentario justo en LAC (objetivo de la campaña CRECE), se necesita una reorientación de la inversión pública en la agricultura que priorice las necesidades y capacidades diferenciadas de su base productiva y que realmente se focalice en - cantidad y calidad - en el sector de la agricultura familiar y campesina.

Recomendaciones clave del informe:

• Dotar de más transparencia y mejorar el gasto público en agricultura, facilitando el acceso a la información, monitoreando y evaluando los impactos del gasto público en el sector, e informando a la ciudadanía sobre la naturaleza del uso de los recursos públicos.
  
  
• Fomentar la equidad en el sector, a través del gasto público diferenciado de acuerdo a las necesidades y capacidades de los diferentes actores productivos y de propuestas de desarrollo incluyentes y redistributivas.
  
  
• Garantizar la producción de alimentos clave para la dieta nacional y la seguridad alimentaria, con el fin de beneficiar tanto a productores como a consumidores.
  
  
• Promover la agricultura sostenible y la resiliencia de la agricultura familiar y campesina, a través de la incorporación de análisis de riesgos y de la implementación de medidas de adaptación y mitigación, incluyendo la transferencia de riesgos, adecuadas para garantizar la sostenibilidad del sistema y la resiliencia de los productores ante shocks al sistema alimentario.