Por qué el G20 debe impulsar una reforma fiscal internacional más justa para luchar la creciente desigualdad
La desigualdad extrema sigue creciendo y la brecha entre las personas más ricas y las más pobres sigue ampliándose. Los países del G20 no son inmunes a esta tendencia.
Durante el tiempo en que Australia ha ocupado la presidencia del G20 (entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014), la riqueza total del conjunto de estos países ha aumentado en 17 billones de dólaresi. Sin embargo, tan sólo el 1% más rico de la población ha acaparado el 36% de este crecimiento: 6,2 billones de dólares. Durante el pasado año, los beneficios
del crecimiento económico fueron a parar principalmente a ese 1% más rico. No obstante, los países del G20 concentran más de la mitad de la población mundial en situación de pobreza. El G20 no puede permitirse el lujo de ignorar el problema de la desigualdad extrema.
Estos mismos problemas se dan de forma generalizada en todo el mundo: siete de cada diez personas viven en países en los que la desigualdad es mayor ahora que hace 30 años, y casi mil millones viven, aún, en condiciones de extrema pobreza. Además, la desigualdad extrema es un obstáculo que impide que millones de personas puedan salir por sí mismas de la trampa de la pobrezav, creando un círculo vicioso que debemos romper. Un claro ejemplo del impacto de la creciente desigualdad social y económica es la crisis del ébola. El virus está asolando África occidental, donde los países afectados carecen de las infraestructuras públicas de atención sanitaria necesarias para frenar su propagación. Los líderes del G20 deben garantizar de forma urgente la provisión de los recursos humanos, el equipamiento y los fondos necesarios para poner freno al brote, tal y como recoge el marco para una respuesta global contra el ébola (Framework for a Global Response to the Ebola Outbreak) de la OMS.
A pesar del aumento vertiginoso de la desigualdad y sus graves consecuencias, los países del G20 continúan priorizando estrategias de crecimiento cortas de miras centradas únicamente en el incremento del PIB y no en un crecimiento más redistributivo. En conjunto, los países del G20 representan en torno al 90% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y
el 80% del comercio internacional, lo que les garantiza una capacidad de influencia política incomparable, tanto sobre sus propios países como sobre terceros. Así, sus decisiones afectan directamente a los países más pobres.
El G20 se comprometió a promover un crecimiento inclusivo. Ahora debe anteponer la puesta en marcha de políticas que reduzcan la brecha entre el 40% más pobre y el 10% más rico.
La reforma del sistema fiscal internacional, liderado por la OCDE y una de las principales prioridades en la agenda del G20, puede ser una de estas políticas con efecto redistributivo.
El objetivo es lograr una contribución más justa de las grandes corporaciones y frenar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). El secretario del Tesoro de Australia, Joe Hockey, afirmó que “la evasión y elusión fiscal es un problema global y que, en ocasiones, son las personas más pobres, en los países más
pobres, quienes más padecen sus devastadores efectos".
Oxfam comparte todas estas preocupaciones. Una reciente investigación que la organización ha realizado estima que los países en desarrollo podrían estar perdiendo más de 100.000 millones de dólares cada año como consecuencia de la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas y de beneficios fiscales discrecionales que no generan valor realvi. Estos recursos serían suficientes para escolarizar a todos los niños y niñas del mundo hasta cuatro veces.
Oxfam considera positivos los avances realizados hasta ahora en este plan de acción, pero el proceso BEPS no es suficiente para abordar las cuestiones de fondo que afectan a los países en desarrollo y que debilitan su capacidad recaudatoria, ni tampoco para corregir de una vez por todas las prácticas que permiten que las grandes corporaciones internacionales
no tributen la parte justa que les corresponde.
El G20 debe ir más allá del plan de acción liderado por la OCDE para evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios y trabajar con todos los países para reescribir desde cero los fundamentos del sistema fiscal internacional. Debe abordar las cuestiones fundamentales que ahora se han quedado fuera y que afectan muy negativamente a los países en desarrollo como, por ejemplo, la tributación en fuente o en residencia, la competencia fiscal desleal y la repercusión en terceros países de las decisiones de un país en materia fiscal. "Pasar de puntillas" por esta reforma fundamental y necesaria ya no es una opción viable.
El G20 debe demostrar que se toma en serio la lucha contra la desigualdad comprometiéndose, de nuevo, a impulsar un crecimiento inclusivo e ir más allá de los actuales planes de reforma con el objetivo de que el sistema fiscal funcione para la mayoría en lugar de privilegiar a las empresas multinacionales y los países más ricos.
