La pandemia del coronavirus está empujando rápidamente a los países en desarrollo hacia una crisis de la deuda que sería catastrófica para su lucha contra la pobreza, con la probabilidad de impagos multimillonarios que perjudicarán a toda la economía mundial, ha advertido Oxfam antes de la reunión de ministros de Finanzas del G20 este fin de semana (18-19 de julio).
La suspensión temporal de la deuda por parte del G20 en abril, aunque fue bien recibida entonces, es ahora lamentablemente inadecuada para evitar los peores efectos económicos de la pandemia. Y lo que es más importante, no obliga a los acreedores privados ni a los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, a tomar ninguna medida.
73 de los países más pobres del mundo reúnen las condiciones para unirse a la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) y hasta ahora 41 se han presentado, lo que podría ahorrarles hasta 9000 millones de dólares en 2020. Sin embargo, una nueva investigación publicada hoy por Oxfam, Christian Aid y Global Justice Now revela que los 73 países seguirán pagando hasta finales de año hasta 33 700 millones de dólares en concepto de reembolso de la deuda, es decir, 2800 millones de dólares al mes. Esto es el doble de lo que Uganda, Malaui y Zambia juntos gastan en su presupuesto anual de salud.
Esos 73 países siguen debiendo por lo menos 11 600 millones de dólares (o 31,8 millones de dólares diarios) a acreedores privados, incluidos bancos comerciales y fondos de inversión, y aproximadamente 13 800 millones de dólares (o 38 millones de dólares diarios) a instituciones multilaterales este año. Solo al Banco Mundial se le deben 3770 millones de dólares (o 10 millones de dólares al día) este año.
"El coronavirus ha golpeado más fuerte a la economía mundial que las predicciones, ya de por sí nefastas, vistas en abril. Los ministros de Finanzas del G20 tienen el mandato de evitar una catástrofe inminente para cientos de millones de personas. Deben hacer que el DSSI sea jurídicamente vinculante para cancelar todos los pagos de la deuda, incluidos los privados y los multilaterales, hasta finales de 2022 y también incluir a los países de ingresos medios. Si no, no podrán proteger a la humanidad de su peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial”, afirmó Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional.
"Una congelación de la deuda bilateral durante ocho meses, por sí sola, no llegará a liberar suficiente dinero o tiempo para que los países más pobres del mundo puedan hacer frente a la pandemia y sus efectos. El dinero ahorrado en deudas bilaterales no debería tener que ir directamente a otros acreedores como bancos privados ricos y titulares de bonos. Los países necesitan este alivio para ofrecer atención médica gratuita universal y para proporcionar subsidios en efectivo para los hogares pobres. El Banco Mundial tiene que dar un paso adelante y proporcionar un alivio de la deuda, por lo menos asegurando una suspensión inicial de la misma".
El G20 también debería proteger a los países de las agencias de calificación crediticia que amenazan con rebajar sus calificaciones y encarecen la refinanciación de la deuda. Países como Ghana y Kenia, que podrían ahorrar 354 millones de dólares y 802 millones de dólares, respectivamente, en el reembolso de la deuda bilateral, temen unirse a la iniciativa por esta razón.
"Los Estados Unidos y el Reino Unido, sobre todo, deberían aprobar urgentemente nuevas leyes para impedir que sus prestamistas privados y fondos buitre depredadores estafen a los países en desarrollo y los demanden por incumplimiento de sus deudas. Los acreedores privados no deberían estar saqueando los países más pobres durante una pandemia", declaró Vera.
Algunos países de ingresos medios están excluidos de los actuales esfuerzos de alivio de la deuda a pesar de encontrarse al borde del incumplimiento de pagos. El enorme gasto fiscal, la caída en picado de los ingresos y la falta de capacidad de endeudamiento para llenar este vacío podrían desencadenar una cadena de incumplimientos soberanos (Argentina, Ecuador y el Líbano ya han incumplido pagos de deuda este año), algo que podría desestabilizar la economía mundial y socavar los tambaleantes esfuerzos de recuperación. Ningún país es inmune a la propagación de las crisis financieras a través de las fronteras.
La deuda pública del Líbano es de más del 170 % de su PIB, sus reservas de divisas son críticamente bajas y no puede pagar los 4400 millones de dólares en eurobonos que vencen en 2020. El país fue incapaz de pagar su deuda soberana por primera vez en marzo, y podría ser demandado por los titulares de bonos si se niegan a cooperar en la reestructuración de la deuda. El principal hospital dedicado a casos de coronavirus del Líbano se vio obligado recientemente a cerrar sus quirófanos debido a los cortes de electricidad, y los precios de los alimentos en el país se están disparando. El Banco Mundial advirtió el pasado mes de noviembre, antes de la pandemia, que la pobreza podría llegar al 50 % si las condiciones económicas empeoraban en el Líbano.
En esta etapa de la crisis, es imperativo que los ministros de Finanzas del G20 aprueben una asignación general significativa en los derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si el FMI emitiera 3 billones de dólares en DEG, Ecuador accedería a unos 6200 millones de dólares, lo que equivale a más de la mitad del total de la deuda multilateral pendiente del país, y le permitiría duplicar su presupuesto de salud este año para luchar contra el coronavirus.
Notas para editores
Descarguen el nuevo informe de investigación de Oxfam, Christian Aid y Global Justice Now, Passing the Buck on Debt Relief.
Descarguen The world needs a stimulus: IMF Special Drawing Rights are critical to containing the pandemic and boosting the world economy, un documento sobre los DEG publicado recientemente por Oxfam América y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (en inglés).
En abril, el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y los ministros de Finanzas del G20 aprobaron la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI), que permite a 73 países de ingresos bajos que reúnen los requisitos para ser miembros de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial suspender los pagos de capital o de intereses de sus deudas con los países del G20 desde el 1 de mayo hasta finales de 2020.
Desde abril, el FMI también ha aprobado varios meses de alivio del servicio de la deuda para 27 de los países más pobres del mundo a través de su Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC), por un valor aproximado de 243,6 millones de dólares. Oxfam estima que por lo menos 250 millones de dólares más están disponibles para su aprobación.
Prácticamente todos los contratos de deuda internacional se rigen por la ley del Reino Unido o de Nueva York. Aproximadamente el 90 % de los bonos externos del Gobierno de los 73 países elegibles se rigen por la ley inglesa, mientras que Nueva York es una jurisdicción habitual para los contratos de deuda soberana de América Latina y el Caribe. En 2010, el Reino Unido aprobó la Ley de Alivio de la Deuda (para países en desarrollo), que impedía que los países fueran demandados por acreedores que no participaban en una ronda anterior de alivio de la deuda.
Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, llegó a un acuerdo en abril con los titulares de bonos para retrasar 800 millones de dólares en pagos de intereses hasta agosto para combatir el coronavirus, a pesar de que S&P Global Ratings ha rebajado su calificación crediticia soberana. En julio, el país alcanzó un acuerdo provisional con algunos de sus mayores titulares de bonos para reestructurar 17 400 millones de dólares de deuda pendiente.
Argentina no ha podido pagar alrededor de 500 millones de dólares en intereses sobre los ya retrasados bonos pagables en mayo, mientras que Sudáfrica, con una deuda externa sin precedentes de 185 000 millones de dólares, se enfrenta a una crisis de la deuda al mismo tiempo que sufre su peor recesión económica en 90 años.
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En abril, el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y los ministros de Finanzas del G20 aprobaron la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI), que permite a 73 países de ingresos bajos que reúnen los requisitos para ser miembros de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial suspender los pagos de capital o de intereses de sus deudas con los países del G20 desde el 1 de mayo hasta finales de 2020.
Desde abril, el FMI también ha aprobado varios meses de alivio del servicio de la deuda para 27 de los países más pobres del mundo a través de su Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC), por un valor aproximado de 243,6 millones de dólares. Oxfam estima que por lo menos 250 millones de dólares más están disponibles para su aprobación.
Prácticamente todos los contratos de deuda internacional se rigen por la ley del Reino Unido o de Nueva York. Aproximadamente el 90 % de los bonos externos del Gobierno de los 73 países elegibles se rigen por la ley inglesa, mientras que Nueva York es una jurisdicción habitual para los contratos de deuda soberana de América Latina y el Caribe. En 2010, el Reino Unido aprobó la Ley de Alivio de la Deuda (para países en desarrollo), que impedía que los países fueran demandados por acreedores que no participaban en una ronda anterior de alivio de la deuda.
Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, llegó a un acuerdo en abril con los titulares de bonos para retrasar 800 millones de dólares en pagos de intereses hasta agosto para combatir el coronavirus, a pesar de que S&P Global Ratings ha rebajado su calificación crediticia soberana. En julio, el país alcanzó un acuerdo provisional con algunos de sus mayores titulares de bonos para reestructurar 17 400 millones de dólares de deuda pendiente.
Argentina no ha podido pagar alrededor de 500 millones de dólares en intereses sobre los ya retrasados bonos pagables en mayo, mientras que Sudáfrica, con una deuda externa sin precedentes de 185 000 millones de dólares, se enfrenta a una crisis de la deuda al mismo tiempo que sufre su peor recesión económica en 90 años.