El nuevo índice global sobre la desigualdad de Oxfam y DFI muestra que el fracaso "catastrófico" a la hora de abordar la desigualdad ha impedido a la mayoría de los países estar preparados ante la pandemia de COVID-19

Noruega encabeza el índice, Estados Unidos desciende hasta el puesto 26 y Sudán del Sur ocupa el último lugar

Factores como un gasto demasiado bajo en los sistemas públicos de salud, la fragilidad de las redes de seguridad social y unos derechos laborales insuficientes hacen que la mayoría de los países del mundo carezcan de los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID-19, según un análisis de Oxfam y Development Finance International (DFI, Financiación Internacional del Desarrollo). 

El Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (Índice CRI) revela que únicamente 26 de los 158 países analizados destinaban el 15% recomendado de sus presupuestos a la salud antes de la llegada del virus, y que, cuando estalló la pandemia, al menos una de cada tres personas trabajadoras en 103 países carecía de protecciones y derechos laborales básicos, como licencias por enfermedad. 

El índice clasifica a 158 Gobiernos en función de sus políticas sobre servicios públicos, fiscalidad y derechos laborales, tres ámbitos fundamentales para reducir la desigualdad y sortear la crisis que está generando la pandemia de COVID-19. El índice se publica de cara a las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se celebrarán virtualmente la próxima semana. 

Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, afirma: 

"El fracaso catastrófico de los Gobiernos a la hora de abordar la desigualdad ha hecho que la mayoría de los países del mundo carezcan lamentablemente de los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia. Ningún país del mundo se ha esforzado lo suficiente por reducir la desigualdad y, como resultado, son los ciudadanos y ciudadanas de a pie quienes están soportando el peso de la actual crisis. Millones de personas se han visto arrastradas a la pobreza y al hambre y se han producido innumerables e innecesarias muertes". 

El índice destaca el hecho de que ningún país del mundo estaba tomando las medidas necesarias para abordar la desigualdad antes de la pandemia y, aunque esta haya sido una llamada de atención para algunos países, muchos otros aún no están aplicando respuestas adecuadas. Esto está recrudeciendo la crisis y ha incrementado la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza, especialmente de las mujeres. Por ejemplo:

• EE.UU. ocupa el último puesto entre los países ricos del G7 y se encuentra por detrás de 17 países de ingresos bajos como Sierra Leona y Liberia en materia de legislación laboral debido a sus políticas antisindicales y su bajísimo salario mínimo. El Gobierno de Donald Trump únicamente ofreció asistencia temporal a las personas trabajadoras vulnerables a través de un paquete de estímulo en abril, tras una reducción de impuestos en 2017 que benefició mayoritariamente a las grandes empresas y las personas más ricas. Los resultados del índice refuerzan la amplia preocupación de Oxfam de que la pandemia haya caído sobre unos sistemas de salud que excluyen a millones de personas en situación de pobreza, lo que afecta especialmente a las comunidades negras y latinoamericanas: en las comunidades negras, solo uno de cada diez hogares dispone de seguro médico, comparado con siete de cada diez hogares en las comunidades blancas.
   
• Nigeria, Bahréin e India se encontraban entre los países con peor puntuación en el índice a la hora de abordar la desigualdad antes de la pandemia, con India experimentando el brote de COVID-19 de más rápido crecimiento a escala mundial. El presupuesto de salud de India (como porcentaje de su presupuesto total) es el cuarto más bajo del mundo y solo la mitad de la población tiene acceso a los servicios de atención médica más básicos. A pesar de contar con un nefasto historial en el ámbito de los derechos laborales, varios Gobiernos estatales de India han utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto para aumentar la jornada laboral de ocho a doce horas y suspender la legislación sobre el salario mínimo, lo que ha devastado los medios de vida de millones de personas trabajadoras  en situación de pobreza, que ahora se enfrentan al hambre. 
   
• Kenia, que ocupaba la novena posición en el índice en cuanto a políticas fiscales progresivas, ha respondido a la crisis con recortes fiscales para las grandes empresas y personas con mayores ingresos, además con una financiación adicional insignificante de la protección social y las medidas de salud. Casi dos millones de kenianos y kenianas han perdido su empleo y decenas de miles de personas que viven en los barrios marginales de Nairobi o en entornos rurales apenas han recibido asistencia del Gobierno y están encontrando dificultades para alimentarse.
   
• En Colombia, que ocupa el puesto 94.ª de 158 países en materia de derechos laborales, 22 millones de personas trabajadoras informales no tienen acceso a licencia por enfermedad y se ven obligadas a trabajar para poder alimentar a sus familias, incluso si están enfermas por COVID-19. Mientras tanto, las mujeres colombianas han sufrido en mayor medida las consecuencias de la ralentización económica, registrando una tasa de desempleo del 26%, en comparación con una tasa del 16% para los hombres. 
   
• Togo y Namibia, que antes de la pandemia ya estaban tomando medidas para abordar la desigualdad, han concedido subvenciones monetarias mensuales a las personas que trabajaban en la economía informal que han perdido su empleo por las medidas de confinamiento. Ucrania, que registra uno de los niveles más bajos de desigualdad en todo el mundo a pesar de tener un PIB relativamente bajo, ha incrementado el salario de las y los profesionales de la salud en primera línea de la respuesta hasta en un 300%.
   
• Desde el inicio de la pandemia, Bangladesh, que ocupa el puesto 113 en el índice, ha intensificado su respuesta invirtiendo 11 millones de dólares (USD) en el pago de bonificaciones a las y los profesionales de la salud, en su mayoría mujeres. Por su parte, Myanmar y Bangladesh han incluido a 20 millones de personas más en sus planes de protección social. 
   
• Aunque algunos países ya estaban adoptando medidas positivas antes del inicio de la pandemia de COVID-19 (por ejemplo, Corea del Sur incrementó su salario mínimo, Botswana, Costa Rica y Tailandia incrementaron su gasto en salud, y Nueva Zelanda lanzó un presupuesto de "bienestar" para abordar cuestiones como la desigualdad y la pobreza infantil), un gran número de países apenas ha realizado progresos en la lucha contra la desigualdad y, de hecho, hay algunos que incluso están retrocediendo. Varios de los países que encabezan el índice, como Alemania, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido, llevan décadas retrocediendo en las políticas que reducen la desigualdad, como un sistema fiscal progresivo. 

Las mujeres (que suelen disponer de menos ingresos, así como menos oportunidades de ahorrar y empleos más inseguros) se han visto especialmente afectadas por las medidas de confinamiento aplicadas en respuesta a la pandemia, a la vez que se ha producido un drástico aumento del trabajo de cuidados no remunerado y de la violencia de género. Cerca de la mitad de los países del mundo no dispone de legislación adecuada frente a las agresiones sexuales, y 10 países, incluyendo Singapur y Sierra Leona, no cuentan con leyes de igualdad salarial ni contra la discriminación por razones de género. 

Matthew Martin, director de DFI, afirma: 

"La desigualdad extrema no es inevitable y no son solo los países ricos quienes pueden tomar medidas al respecto. Sabemos que políticas como la atención médica pública y gratuita, las redes de seguridad social para las personas que no pueden trabajar, salarios dignos y un sistema fiscal justo han demostrado ser eficaces a la hora de luchar contra la desigualdad. El fracaso para llevarlas a la práctica es una cuestión de voluntad política, como ha expuesto la pandemia de COVID-19 por los costes devastadores en el plano económico y humano. 

"Los Gobiernos deben aprender de la pandemia y aprovechar esta oportunidad para construir sociedades más justas y resilientes, así como un futuro mejor para todo el mundo", añade Martin.