El plan de Filipinas para reubicar a miles de supervivientes del Haiyan fracasará si el Gobierno no tiene en cuenta las oportunidades empleo

Hasta 200.000 supervivientes del tifón Haiyan, que azotó Filipinas el pasado mes de noviembre, corren el riesgo de verse sumidos en situación de mayor pobreza como consecuencia de los planes del Gobierno para reubicarlos, que no tienen en cuenta posibles fuentes de ingresos.

El tifón Haiyan (conocido en Filipinas por el nombre de Yolanda) ha sido el ciclón más grande que haya tocado tierra jamás registrado. Provocó 8.000 víctimas mortales y dejó sin hogar a más de cuatro millones de personas.

El nuevo informe publicado hoy por la organización humanitaria Oxfam, The Right Move? Ensuring durable relocation after typhoon Haiyan, señala que la principal prioridad de las personas supervivientes del tifón y expuestas a ser reubicadas es encontrar una fuente de ingresos. A pesar de ello, el Gobierno planea trasladar a 200.000 personas lejos de la zona costera con el objetivo de protegerlas ante futuras tormentas, pero sin tener en cuenta en sus planes de reubicación las oportunidades de empleo disponibles. Las personas dedicadas a la pesca, la agricultura y el comercio son las más perjudicadas.

Las oportunidades de empleo y la seguridad: las principales preocupaciones

Estas conclusiones se extraen de la encuesta realizada por Oxfam en las comunidades objeto de reubicación en las provincias de Sámar Oriental, Leyte y Cebú. Casi la mitad (49%) de las 453 personas encuestadas señalaron que lograr ingresos –bien mediante su actual empleo o uno nuevo– debería ser el factor más importante a considerar a la hora de planificar la reubicación. La seguridad es la segunda mayor preocupación entre estas personas (32%).

El director de país de Oxfam en Filipinas, Justin Morgan, ha señalado: "El Gobierno ha asumido el compromiso de ‘reconstruir mejor’ pero aún debe demostrarlo en sus planes de reubicación, pues esta no consiste únicamente en garantizar una vivienda, sino también empleo, seguridad y transporte. Esto no se puede tener en consideración a posteriori”.

"Se destinarán millones de pesos a la reubicación, pero si este proceso no se lleva a cabo de la forma adecuada, todo el mundo saldrá perdiendo. Las familias se están viendo obligadas a elegir entre su seguridad y poner comida sobre la mesa. El Gobierno también corre el riesgo de malgastar unos valiosos fondos que podrían suponer una importante diferencia en las vidas de las personas pobres".

En algunas áreas, los lugares donde se reubicará a las personas afectadas se encuentran a hasta 15 kilómetros de sus actuales hogares. Varias familias de Leyte contaron a Oxfam que habían decidido no trasladarse debido al elevado coste del transporte desde sus nuevas casas hasta la costa, donde trabajan. Aunque a muchas personas les preocupa la seguridad de sus familias y temen quedarse cerca del mar, dependen de sus fuentes de ingresos para vivir.

Las comunidades deben ser consultadas

El informe de Oxfam muestra que sólo el 7% de las personas ha recibido información o sido consultado acerca de los planes de reubicación por parte de funcionarios del Gobierno. Además, resulta preocupante que el 81% de las personas afirmara no conocer sus derechos con respecto a la reubicación, y que una de cada tres señale aceptar el traslado porque siente no tener otra elección. La mitad de las personas dijo no saber dónde serían trasladadas.

Morgan apunta: "El Gobierno tiene la obligación constitucional de consultar a las comunidades acerca de cada detalle de la reubicación. Las consultas son cruciales para que las autoridades puedan comprender las prioridades de las personas afectadas. Las respuestas a desastres anteriores demuestran que cuando no se consulta a los afectados, los planes no responden a sus necesidades y finalmente abandonan las zonas de reubicación o se empobrecen aún más".

El tifón Haiyan destruyó 33 millones de cocoteros en Visayas Oriental, provocó la pérdida de un millón de toneladas de cultivo y dañó o destrozó 30.000 barcos de pesca, acabando así con los medios de vida de seis millones de trabajadores y trabajadoras.