Ocho semanas han transcurrido desde que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, diera a conocer la existencia de una estructura criminal liderada por altos funcionarios de gobierno, quienes serían responsables de actos de corrupción y defraudación aduanera. Desde entonces el país ha cambiado. Las ciudadanas y ciudadanos han salido a las calles para experimentar las movilizaciones sociales más importantes en los últimos 30 años en una de las naciones más desiguales y pobres de América Latina.
La revelación de la estructura criminal conocida como Caso la Línea, así como los contratos anómalos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social conocido como Caso IGSS-PISA, dieron paso a una de las mayores crisis de gobernabilidad en el país.
El gobierno, encabezado por Otto Pérez Molina, prácticamente se derrumbó tras la renuncia de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, a quien luego le siguieron ministros y secretarios de Estado que conformaban el primer círculo de confianza del mandatario y que se supone estarían ligados a varios casos de corrupción. A algunos de ellos, incluso, se les ha notificado la retirada del visado de EEUU para entrar en su territorio. A escasos nueve meses de entregar el poder, el presidente Pérez Molina parece mantenerse en el puesto debido a que para algunos sectores su salida generaría una crisis aún mayor a la que se está viviendo.
Para enfrentar la crisis el gobierno emprendió una estrategia que permitiera disuadir a la población y sus demandas, y así dar paso a la contienda electoral convocada a principios de mayo y que hasta ahora se ha visto relegada a un segundo plano en la discusión nacional.
Estas acciones, no obstante, han tenido poco éxito en disuadir las demandas y movilizaciones ciudadanas, que han evolucionado de la solicitud de renuncia del presidente y vicepresidenta, a plantear reformas profundas en el sistema político y de justicia del país.
Desde que se conociera la existencia de las estructuras de corrupción, la ciudadanía ha tomado las calles para hacer escuchar su voz. Concentraciones y movilizaciones pacíficas han sido el común denominador en las últimas semanas, dando paso a movimientos sociales emergentes y la aparición de esfuerzos de articulación entre diversos sectores hasta antes antagónicos.
Ejemplo de este despertar ciudadano ha sido la conformación de diversos grupos que, convocados desde las redes sociales y espacios de interacción, se han aglutinado bajo el lema de #RenunciaYa, #JusticiaYa y #ReformaPolíticaYa. Sin embargo, lo que se inició como un movimiento urbano y convocado desde redes sociales, ha dado paso a un movimiento ciudadano que se expresa en todo el territorio nacional e incluso fuera de las fronteras, logrando la participación de sectores tan diversos como jóvenes, mujeres, indígenas, estudiantes, académicos y centros de investigación, personas con capacidades especiales, empresarios, adultos mayores, campesinos, grupos de LGTB, entre otros. Las guatemaltecas y guatemaltecos se han vuelto a encontrar y hablan de sus problemas como sociedad.
La movilización social en Guatemala no ha sido ajena para nadie. Alrededor del mundo ha circulado la noticia de que en este país centroamericano la población ha salido a las calles a rechazar la corrupción del gobierno y demandar cambios profundos en su sistema político. La misma Organización de Naciones Unidas ha reconocido recientemente este proceso de cambio que vive Guatemala. “El espíritu de los guatemaltecos no es el mismo que hace dos meses, un cambio ha comenzado”, señala la publicación difundida este 8 de junio.
Una nueva ciudadanía está gestándose y el trabajo realizado en los últimos 20 años por diversas organizaciones nacionales e internacionales parece estar viendo sus frutos. Hoy puede observarse en las calles a más mujeres y jóvenes, campesinos e indígenas, manejando un discurso y una propuesta política basada en la defensa de sus derechos. Es una ciudadanía mejor formada e informada, que solo esperaba un despertar colectivo para hacer escuchar su voz.
El futuro es alentador para la sociedad guatemalteca, aunque implica superar varios retos en el camino, entre ellos evitar que el ímpetu y las demandas ciudadanas se diluyan con el tiempo; que las estrategias de la gestión de la crisis desvíen la atención y se implementen reformas parciales a temas estructurales del país; superar las divisiones y la desconfianza que aún prevalece entre diversos sectores; y pasar de la protesta a la propuesta, logrando consolidar los espacios de diálogo y articulación que han comenzado a nacer.