La fiscal del estado de Brasil investigará el caso de acaparamiento de tierras denunciado por Oxfam

Tras la publicación del informe de Oxfam "La fiebre del azúcar", que pone de manifiesto la creciente amenaza de acaparamiento de tierras en la industria azucarera, Silvia Regina, fiscal federal brasileña en el estado de Pernambuco, anunció la semana pasada que el Ministerio Público Federal (MPF) pondrá en marcha una investigación sobre los retrasos en la resolución de uno de los casos que se destacan en el informe.

El caso involucra a una comunidad local en las islas de Sirinhaém, en la costa del estado de Pernambuco, Brasil, que fue desalojada violentamente de sus hogares para dar paso a la empresa Usina Trapiche, que suministra azúcar para Coca -Cola y PepsiCo.

La fiscal convocó una audiencia pública para evaluar los retrasos que el gobierno viene arrastrando desde 2009 en la creación de una reserva extractiva (RESEX ) en estas tierras. La reserva permitiría a la comunidad local volver a los manglares donde pescaban y cultivaban alimentos para ganarse la vida y alimentar a sus familias.

"Desde hace tiempo se necesitan medidas para que las poblaciones locales tengan acceso a sus tierras ", dijo Gabrielle Watson, responsable de la campaña Tras la Marca de Oxfam en Brasil. "La comunidad ha luchado durante años para resolver este conflicto, pero Trapiche y las autoridades locales han bloqueado repetidamente el proceso. Esperamos que esta investigación, finalmente, ayude a restaurar los derechos de la comunidad”, añade.

Las compañías de alimentos y bebidas deben tomar medidas

La acción de la fiscalía es el resultado de una larga lucha por parte de grupos locales y miembros de la comunidad, así como una mayor atención al caso en las últimas semanas gracias al informe y la campaña lanzada por Oxfam a las empresas de alimentos y bebidas como Coca -Cola, PepsiCo y Associated British Foods. Más de 317.000 personas ya han firmado una petición para instar a las empresas de alimentos y bebidas que acaben con el acaparamiento de tierras en sus cadenas de suministro.

Unos 30 pescadores y organizaciones sociales que han estado involucrados en el caso durante muchos años como la Comisión Pastoral de la Tierra, el Consejo Pastoral de los Pescadores y el Reef Institute asistieron a la audiencia para defender los derechos de las comunidades tradicionales que viven en la región desde 1914.

"Dado que el Estado retrasa la creación de espacios protegidos, los ingenios azucareros están destruyendo el hábitat tradicional de miles de familias que viven y utilizan los recursos naturales de manera sostenible, protegiendo el medio ambiente", dijo una de las pescadoras presentes.

La fiscal dijo que solicitará la justificación oficial de la Oficina de la Presidencia por los retrasos en la creación de un espacio protegido. Según ella, si no se recibe ninguna declaración ni justificación del Estado, el siguiente paso será tomar acciones legales.

La campaña de Oxfam ha instado a las empresas a tener tolerancia cero con el acaparamiento de tierras, para ayudar a prevenir que se produzcan casos como el de Pernambuco y para desempeñar un papel constructivo con sus proveedores en la resolución de los casos que se destacan en el informe. Ninguna de las empresas ha hecho declaraciones públicas sobre la petición de Oxfam, por lo que la campaña seguirá presionando para que adopten medidas concretas.

"Las empresas tienen que tomar medidas preventivas para evitar el acaparamiento de tierras en el primer lugar, pero es importante que los casos locales se resuelven ", dijo Watson. "Esperamos que la acción del Pernambuco ayude a la fiscal a garantizar un resultado positivo para la comunidad".