Hoy, en respuesta a una publicación sobre una investigación independiente de un proyecto de presa hidroeléctrica en Guatemala, que consideró que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la rama del Banco Mundial dedicada al sector privado, fue negligente en la prevención de daños a las comunidades indígenas, Christian Donaldson, asesor principal de Oxfam Internacional sobre Instituciones Financieras Internacionales, afirmó:
"La investigación de la CAO reivindica las alegaciones de las comunidades de que sufrieron violencia, intimidación y represión desde que se inició el proyecto, y de que siguen existiendo importantes impactos. Además, demuestra que la CFI no cumplió sus deberes y obligaciones por asegurar que sus inversiones 'no hagan daño', especialmente en las comunidades pobres y vulnerables asoladas por años de violencia durante la guerra civil guatemalteca.
"La IFC acepta algunas de las conclusiones de la CAO, pero niega que el proyecto de la presa hidroeléctrica haya tenido nada que ver con la violencia sufrida por las comunidades locales y no tomará ninguna medida correctiva. La IFC no puede lavarse las manos ante la responsabilidad de mantener sus propias políticas. Debe haber indemnizaciones por los daños que han causado".
La IFC entregó 20 millones de dólares en préstamos y 10 millones de dólares en capital en 2008 a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), con sede en los Estados Unidos, una institución financiera que financia proyectos de infraestructura de pequeño y mediano tamaño en América Latina. La CIFI, a su vez, financió a Hidro Santa Cruz con un préstamo de 8,2 millones de dólares y hasta 2,5 millones de dólares para un instrumento de financiación mezzanine para el proyecto de la presa de Canbalam. De acuerdo con las políticas de la IFC, deben aplicarse sus salvaguardias ambientales y sociales (Estándares de Desempeño) a estas inversiones.
En 2015, comunidades en Santa Cruz Barillas presentaron una denuncia ante la CAO, el organismo de control de la IFC, alegando importantes impactos sociales y en los derechos humanos, incluyendo el conflicto relacionado con el proyecto (al menos una persona, el activista comunitario Andrés Francisco Miguel, fue asesinado y otros muchos heridos y encarcelados).
"Nos han encarcelado, forzado a huir de nuestras comunidades y algunos hasta han perdido la vida. Hemos esperado cinco años para conocer el veredicto de nuestra denuncia. ¿Y para qué? Estamos consternados por la respuesta de la IFC. Queremos justicia para nuestras comunidades y justicia para Andrés Francisco Miguel. No nos vamos a detener aquí”, declaró Cecilia Mérida, líder comunitaria de Santa Cruz Barillas que testificó en las reuniones de primavera de 2015 del Banco Mundial en Washington D. C. sobre el daño infligido por la financiación de la IFC para la presa hidroeléctrica.
Después de que se presentara la denuncia en 2015, la CIFI retiró su financiación, rompiendo los lazos de la IFC con el proyecto de la presa. La IFC afirma que ya no tiene influencia en el proyecto, pero admite que necesita mejorar la forma en que sale de los proyectos.
"Planificar salidas responsables de proyectos que violan los derechos humanos es un paso importante, pero esto no ayudará a las comunidades indígenas de Santa Cruz Barillas. Este caso nos deja con serias dudas sobre si la IFC se responsabilizará y rendirá cuentas cuando un proyecto que está financiando, directa o indirectamente a través de terceros prestamistas, cause daños", declaró Kate Geary, codirectora ejecutiva de Recourse.
Notas para editores
Completada en diciembre de 2018, la investigación de la CAO fue inicialmente contestada por la IFC a principios de 2019. Esta respuesta se retrasó después al pasar por las oficinas de los tres presidentes del Banco Mundial en 2019, antes de que una reunión de la Junta de Gobernadores en octubre de 2019 y otra en febrero de 2020 solicitaran a la IFC que revisara su respuesta.
La investigación de la CAO concluye que la IFC no cumplió con sus propias políticas y procedimientos en relación con la diligencia debida, el monitoreo y la supervisión, incumpliendo su Política de Sostenibilidad y sus Normas de Desempeño, especialmente en lo que respecta a los pueblos indígenas, la consulta y el uso de guardias de seguridad.
La investigación concluye: "Aunque era consciente de los impactos del proyecto durante el período de financiación, la IFC no se comprometió con su cliente a asegurar que los impactos residuales del proyecto fueran evaluados, reducidos, mitigados o compensados, según procediera, incluso al cierre del proyecto, como lo requieren las Normas de Desempeño y la Política de Sostenibilidad".
"En estas circunstancias, contrariamente a la intención de la Política de Sostenibilidad de la IFC, los impactos adversos han recaído sobre la comunidad".
En octubre de 2019, Oxfam y Recourse (antes BIC Europe) enviaron una carta a los Directores Ejecutivos del Banco Mundial instándoles a asegurar que la IFC se responsabiliza de apoyar a las comunidades de Santa Cruz Barillas (Guatemala). En febrero de 2020, en una reacción sin precedentes, la Junta se reunió para debatir este caso emblemático, estableciendo lo que potencialmente sería un precedente sobre si la Junta apoyaría las conclusiones de su propio mecanismo de rendición de cuentas o dejaría que la IFC se saliera con la suya sin tener en cuenta el sufrimiento de las comunidades afectadas por una de sus inversiones.
El personal de Oxfam en Guatemala visitó las comunidades afectadas en diciembre de 2019 y constató que sus miembros siguen viviendo con miedo y siguen siendo arrestados sin cargos.
Recourse publicó una nota informativa sobre el contenido de la auditoría de la CAO y la respuesta de la IFC, y la Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH) publicó un comunicado.
En marzo de 2020, la IFC anunció una serie de reformas sin precedentes sobre algunas cuestiones defendidas por la sociedad civil y la congresista estadounidense Maxine Waters, incluidas las relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas en los préstamos de los intermediarios financieros.
Información de contacto
Oxfam | Annie Thériault en Montreal (Canada) | annie.theriault@oxfam.org | +51 936 307 990
Recourse | Kate Geary en Oxford (Reino Unido)| kate@re-course.org | +44 7393189175
Para actualizaciones, sigan a @Oxfam y @OxfamIFIs
Le animamos a apoyar el llamamiento de Oxfam en respuesta al coronavirus.
Completada en diciembre de 2018, la investigación de la CAO fue inicialmente contestada por la IFC a principios de 2019. Esta respuesta se retrasó después al pasar por las oficinas de los tres presidentes del Banco Mundial en 2019, antes de que una reunión de la Junta de Gobernadores en octubre de 2019 y otra en febrero de 2020 solicitaran a la IFC que revisara su respuesta.
La investigación de la CAO concluye que la IFC no cumplió con sus propias políticas y procedimientos en relación con la diligencia debida, el monitoreo y la supervisión, incumpliendo su Política de Sostenibilidad y sus Normas de Desempeño, especialmente en lo que respecta a los pueblos indígenas, la consulta y el uso de guardias de seguridad.
La investigación concluye: "Aunque era consciente de los impactos del proyecto durante el período de financiación, la IFC no se comprometió con su cliente a asegurar que los impactos residuales del proyecto fueran evaluados, reducidos, mitigados o compensados, según procediera, incluso al cierre del proyecto, como lo requieren las Normas de Desempeño y la Política de Sostenibilidad".
"En estas circunstancias, contrariamente a la intención de la Política de Sostenibilidad de la IFC, los impactos adversos han recaído sobre la comunidad".
En octubre de 2019, Oxfam y Recourse (antes BIC Europe) enviaron una carta a los Directores Ejecutivos del Banco Mundial instándoles a asegurar que la IFC se responsabiliza de apoyar a las comunidades de Santa Cruz Barillas (Guatemala). En febrero de 2020, en una reacción sin precedentes, la Junta se reunió para debatir este caso emblemático, estableciendo lo que potencialmente sería un precedente sobre si la Junta apoyaría las conclusiones de su propio mecanismo de rendición de cuentas o dejaría que la IFC se saliera con la suya sin tener en cuenta el sufrimiento de las comunidades afectadas por una de sus inversiones.
El personal de Oxfam en Guatemala visitó las comunidades afectadas en diciembre de 2019 y constató que sus miembros siguen viviendo con miedo y siguen siendo arrestados sin cargos.
Recourse publicó una nota informativa sobre el contenido de la auditoría de la CAO y la respuesta de la IFC, y la Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH) publicó un comunicado.
En marzo de 2020, la IFC anunció una serie de reformas sin precedentes sobre algunas cuestiones defendidas por la sociedad civil y la congresista estadounidense Maxine Waters, incluidas las relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas en los préstamos de los intermediarios financieros.
Oxfam | Annie Thériault en Montreal (Canada) | annie.theriault@oxfam.org | +51 936 307 990
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