La violencia contra activistas de Derechos Humanos en América Latina está fuera de control

El número de asesinatos, ataques y actos represivos en contra de personas defensoras de derechos humanos en América Latina está alcanzando límites históricos, de acuerdo al informe "El riesgo de defender", publicado hoy por Oxfam.

“La región ha entrado en una espiral de violencia inconcebible y debe parar ya. Se han perdido demasiadas vidas y el acoso contra defensoras y defensores continúa impunemente. Es hora de que los gobiernos actúen, sin más excusas ni demoras”, ha dicho Asier Hernando, subdirector regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.

Con este nuevo informe, Oxfam se suma al esfuerzo y trabajo de otras tantas organizaciones en Latinoamérica y el Caribe para visibilizar esta grave agudización en ataques y asesinatos a defensoras y defensores, y muchos más líderes que trabajan desde el terreno respondiendo y monitoreando estos ataques.

"El riesgo de defender" que reúne datos de Global Witness, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, y otros, resalta que 2015 fue el peor año en asesinatos a defensores y defensoras con 122 asesinatos registrados sólo en América Latina, cifra que representa el 65% de los homicidios en el mundo.

En 2016, la situación se ha seguido agravando con 58 asesinatos de defensores y defensoras reportados tan solo de enero a mayo de este año. José Ángel Flores, presidente del Movimiento Unificado del Aguán (MUCA), y Silmer Dionisio Jorge son las dos víctimas más recientes en lo corrido de este año. Fueron asesinados el 18 de octubre en la casa de José Ángel en Colón, Honduras.

El informe también enfatiza que las mujeres defensoras, particularmente, están más expuestas a la violencia debido a la cultura patriarcal y machista que aún predomina en la región y que incita los ataques en contra de las mujeres. El Salvador, Guatemala, México y Honduras reportan un aumento de agresiones en contra de mujeres defensoras, que en la gran mayoría de los casos, quedan en total impunidad. La cantidad de denuncias que nunca llegan a juicio es indignante. En México, el 98.5% de los ataques en contra de defensoras y defensores quedan impunes, en Colombia de 219 asesinatos entre 2009 y 2013, solo seis han tenido sentencia judicial.

“Hemos venido presenciando un incremento descarnado de los ataques, incluyendo asesinatos, de líderes y lideresas que luchan en sus países por sus derechos humanos básicos, como la igualdad, el acceso a fuentes de agua o el acceso a tierras. No importa la notoriedad internacional de defensoras y defensores, ni el respaldo que tengan, como en el caso de Berta Cáceres, asesinada en Honduras o Máxima Acuña, quien sigue siendo atacada de forma persistente en Perú. Si matan y amenazan a las figuras más reconocidas, el nivel de desprotección y vulnerabilidad de líderes anónimos es mucho mayor”, ha dicho Hernando.

Oxfam considera que esta situación se relaciona con la expansión de las industrias extractivas como modelo de ingreso para los países de Latinoamérica y el Caribe. La desaceleración económica que vive la región no ha servido para que los gobiernos adopten estrategias de desarrollo sostenibles, por el contrario siguen yendo en la vía incorrecta, promoviendo proyectos extractivistas de forma desenfrenada. Esto ha llevado a que grupos de poder se apropien de la institucionalidad estatal, limitando el cumplimiento las obligaciones de los gobiernos en materia de respetar, proteger y promover los derechos humanos.

“Es indudable que las dinámicas del negocio extractivista que no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada y construye proyectos a gran escala sin autorización de las comunidades, ha generado un clima de violencia generalizada en contra de los ciudadanos que se oponen a estas obras en sus territorios. Lo más grave, es que en la mayoría de los casos todo esto ocurre con el apoyo de los gobiernos, quienes conceden licencias sin tener en cuenta los protocolos internacionales”, remata Hernando.

Oxfam hace un llamado urgente a los Estados, para que actúen enérgicamente en prevenir los ataques y combatir la impunidad de los crímenes en contra de defensoras y defensores de Latinoamérica y produzcan resultados en el corto plazo que eviten una mayor pérdida de vidas. Para ello, es prioritario que los gobiernos de la región den soluciones estructurales a la crisis económica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, único órgano que puede emitir medidas cautelares en este tipo de casos. Oxfam también llama al sector privado, especialmente a las empresas extractivas a respetar los derechos humanos y cumplir en todos los casos con los procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades.