Las acciones para paliar la corrupción en el sector petrolífero y minero van demasiado lentas

Los intentos voluntarios para potenciar una gestión transparente y responsable de los recursos naturales están teniendo tímidos avances, según comenta la agencia internacional Oxfam.En la víspera de la cuarta conferencia mundial sobre la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, Extractive Industries Transparency Initiative), que tendrá lugar en Doha del 16 al 18 de febrero, debería elogiarse la iniciativa por haber puesto en funcionamiento una sólida estructura de gestión, aunque son necesarias otras disposiciones legales complementarias de acceso a la información, de carácter obligatorio y divulgativo, con las que alcanzar un verdadero modelo mundial de transparencia para el sector petrolífero, del gas y minero en todos los países y empresas.  Más de la mitad de los pobres del mundo viven en países ricos en recursos naturales, y los problemas asociados a las explotaciones petrolíferas, de gas y mineras, como el aumento de la corrupción, los conflictos y la degradación del medioambiente, son una creciente preocupación para Oxfam y sus socios en todo el mundo.“Estos sectores generan miles de millones de dólares al año en los países pobres”, afirma Bennett Freeman, miembro del consejo de Oxfam America y de la sociedad civil de la EITI. “Los ingresos de éstos suman mucho más que la ayuda oficial, y podrían financiar la sanidad, la educación y otros servicios esenciales, aunque las elites corruptas suelen diezmarlos o apropiarse los mismos”.La falta de transparencia del sector petrolífero, del gas y minero, lo que incluye pagos y contratos secretos, además de una gestión oscurantista de los presupuestos, es una de las mayores fuentes de problemas para estos países. Desde 2002, la campaña promovida por la sociedad civil, “Publish What You Pay” (publica lo que pagas), y que también cuenta con la colaboración de Oxfam y de muchos de sus socios locales, ha ejercido presión para conseguir una mayor difusión y transparencia de los pagos que realizan las empresas a los gobiernos, como sobre los contratos y la información relativa al gasto de dichas sumas.La iniciativa EITI es voluntaria y ha sido concebida para potenciar la transparencia de los pagos que realizan las empresas a los gobiernos. Desde octubre de 2006, la EITI ha puesto en funcionamiento una sólida estructura de gestión, incluyendo un consejo formado por múltiples partes que incluye a representantes de la empresa, de la administración y de la sociedad civil, un proceso claro para su puesta en marcha y una evaluación del desempeño (“validación”), conducida por una tercera parte, además de aportar una importante ayuda internacional a aquellos países que desean llevar a cabo la iniciativa.Por desgracia, la EITI tiene un alcance limitado y, aunque se hayan conseguido algunos avances en numerosos países, la EITI todavía tiene grandes retos que afrontar. “Desearíamos que hubiera más países susceptibles de ser validados. Para cualquier tipo de iniciativa voluntaria, la mejor prueba son los resultados, y éstos se traducen en la validación”, apuntaba Freeman.“El mayor reto al que se enfrenta el consejo de la EITI es garantizar de que todos los países adscritos a la iniciativa siguen como corresponde el proceso de validación. Esto tiene que convertirse en un objetivo continuado que sólo se alcanzará si se garantiza el más alto nivel de transparencia en el proceso”, dijo Maria Dolores López Gómez, trabajadora del departamento de campañas y política de Oxfam.Los activistas de la sociedad civil que promueven la transparencia de los ingresos han sufrido acoso, cargos criminales y condenas en países como Congo o la República Gabonesa, simplemente por haber ejercido su derecho de libertad de expresión como parte de campañas anticorrupción. La República Gabonesa ha participado en el consejo de la EITI al mismo tiempo que encarcelaba a buenos abogados pertenecientes a la administración y a periodistas independientes. Esta falta de respeto al papel activo que desempeña la sociedad civil y las violaciones domésticas de los derechos humanos ponen en jaque y debilitan la acción de la EITI”, según palabras de Ian Gary, responsable de incidencia política de Oxfam para las industrias extractivas. “No se puede negociar una participación sin trabas de la sociedad civil en cada etapa del proceso de la iniciativa EITI”.Hay 24 países que se han convertido en “candidatos” para la EITI, pero son más de cincuenta los países en vías de desarrollo con enormes riquezas de recursos. La EITI no insta a las empresas a emprender acciones a menos que los gobiernos de los respectivos países se unan a la iniciativa, y los países que necesitan una mayor transparencia suelen ser aquellos con menos probabilidades de unirse o de poner en funcionamiento la iniciativa de forma creíble. Es por esto que son necesarias otras medidas normativas de carácter obligatorio y que se implementen rápidamente.La ley de Acceso a la Información y Transparencia en Industrias Extractivas (EITD por sus siglas en inglés) fue aprobada por la Cámara de los Representantes y el Senado de los Estados Unidos en el año 2008. Esta legislación, cuya reintroducción se esperaba para este año, exigía la transparencia de los pagos realizados por las empresas del sector petrolífero, del gas y la minería a los gobiernos de los respectivos países de acogida y potencia la transparencia como modelo global para las operaciones empresariales. La ley de Acceso a la Información y Transparencia en Industrias Extractivas no sólo se aplica a las empresas estadounidenses, sino a todas las empresas registradas en la Comisión Nacional de Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés). En ésta se incluyen empresas europeas como Shell y BP, además de otras provenientes de los mercados emergentes como China, India o Brasil. Además de las disposiciones de la Ley EITD estadounidense, hay otras jurisdicciones financieras en Europa y otros países que deberían regirse por una legislación similar. En los mercados de crédito reducido, las empresas pertenecientes al sector extractivo buscan financiación a través de fuentes públicas, lo que incluye bancos de desarrollo regional y agencias de crédito a la exportación. Todas las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos de desarrollo como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, deberían exigir la divulgación y transparencia de los pagos como prerrequisito para conceder financiación.El año que viene será fundamental para el progreso real del movimiento mundial por la transparencia de las industrias extractivas. Una puesta en marcha coherente de la iniciativa EITI, junto con algunas nuevas disposiciones legales de carácter obligatorio, conseguirán la creación de un nuevo modelo mundial de transparencia y ayudarán a las personas más necesitadas reduciendo la pobreza gracias a una financiación directa.