Oxfam urge a Honduras proteger derechos y autonomía de poblaciones indígenas

A tres años del asesinato de Berta Cáceres, y ante la grave situación de conflictividad social y violencia causada por la ausencia de un proceso de consulta en la instalación de proyectos extractivos en Honduras, Oxfam urge al Estado asegurar medidas transparentes y efectivas para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Estas medidas deberán respetar el tiempo y las formas de organización y de toma de decisiones de los pueblos indígenas, para prevenir futuros casos de violaciones a los derechos. 

En los meses previos a su asesinato, la activista indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres denunció que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), se construía sobre una base de ilegalidades y que su ejecución traía repercusiones negativas en la comunidad lenca.

En marzo del 2018, Olivia Zúniga Cáceres, hija de la defensora lenca, presentó ante el Congreso Nacional de Honduras un proyecto de ley para la anulación de los contratos de concesión otorgados a DESA para la explotación del río Gualcarque. A un año de esta importante iniciativa, la moción aún no es aceptada para debate en el pleno legislativo.

El anteproyecto, denominado “Ley Berta Cáceres”, establece que se anule por medio de un decreto legislativo los contratos y licencias adscritos al proyecto hidroeléctrico por un periodo de 50 años. La propuesta señala que la ampliación en el volumen de aprovechamiento de aguas, así como los plazos de la concesión, fueron modificados a favor de DESA sin ser discutidos y aprobados por el Congreso Nacional, según establece la Constitución de Honduras.

Respecto a esta situación, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentaron ayer un requerimiento fiscal contra 16 personas, quienes habrían cometido supuestos delitos contra la administración pública para lograr que la empresa DESA fuese beneficiada con contratos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). A este caso se le nombró “Fraude sobre el Gualcarque”.

Sumado a esto, la propuesta “Ley Berta Cáceres” sostiene que el otorgamiento de la concesión violentó el proceso de Consulta dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual confiere el derecho a los pueblos indígenas de decidir el uso de los territorios afectados por proyectos extractivos.

Sobre esa misma base, en marzo de 2017, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) interpuso un recurso de inconstitucionalidad sobre los decretos No. 67-2011 y 68-2011 atribuidos al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La acción del COPINH se fundamentó en las violaciones al derecho a la propiedad colectiva de las tierras que los pueblos indígenas tradicionalmente han ocupado y utilizado, el derecho a determinar sus propias prioridades y estrategias para la utilización de sus territorios y recursos, y la obligación del Estado de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Luego de siete meses, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la petición. 

Para Olivia Zúniga Cáceres, diputada por el departamento de Intibucá, la anulación definitiva de la concesión significa hacer justicia para su madre, resarcir el daño causado a los habitantes de la comunidad indígena de Río Blanco y fortalecer la protección del río Gualcarque, considerado como un territorio sagrado para la comunidad lenca.

“Mi madre presentó la argumentación legal que evidencia todas las irregularidades efectuadas durante el otorgamiento de dicho contrato. Su asesinato es una prueba por sí misma de la falta de legalidad y legitimidad de este proyecto hidroeléctrico”, explicó Zúniga.

Austraberta Flores, la madre de Berta Cáceres, sus hermanos y su hija Olivia Zúniga Cáceres presentaron en 2017 ante el Ministerio Público y la MACCIH-OEA una investigación realizada con el apoyo de Oxfam que evidencia la forma en que se otorgaron las concesiones del proyecto hidroeléctrico, factores que desencadenan una serie de sucesos que llevan al asesinato de la ambientalista. 

En noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras condenó a siete personas por el asesinato de Cáceres; dos de ellos fueron empleados de DESA. La captura más reciente fue la de Roberto David Castillo, quien fungía como presidente de la empresa desarrolladora, lo que vuelve necesaria y urgente la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.