Rechazo a la violencia y vulneración de los derechos en la Amazonia peruana

Oxfam hace un llamamiento a las autoridades y a los dirigentes de las organizaciones indígenas para que detengan los actos de violencia y reinicien urgentemente el diálogo.La agencia Oxfam Internacional (OI) expresa su preocupación por los actos violentos ocurridos en la provincia de Bagua, región de Amazonas. OI rechaza firmemente la vulneración de derechos, la violencia y, en general, el uso de la fuerza como mecanismo para resolver las diferencias entre peruanos y más aun que estos hechos hayan resultado en la trágica pérdida de vidas humanas – además de un alto número de heridos – entre pobladores indígenas de la zona y miembros de la Policía Nacional. Oxfam hace un llamado a las autoridades y a la dirigencia de las organizaciones indígenas para que detengan los actos de violencia y reinicien urgentemente el diálogo en todas las instancias pertinentes a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos. “Oxfam apoya iniciativas a favor del desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y la conservación del medio ambiente,” explicó Francesco Boeren, coordinador de Oxfam Internacional en el Perú. “Desde años venimos apoyando a las comunidades indígenas en su lucha contra la pobreza y deterioro del ecosistema amazónico. Nos consta que en estas comunidades alejadas hay una débil presencia del Estado, el cual debería fortalecer la provisión de servicios y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos”, enfatizó Boeren. Asimismo, invoca a que se alcancen acuerdos que se traduzcan en acciones concretas, promuevan el ejercicio de los derechos y respondan a un desarrollo socialmente equitativo y ambientalmente sostenible, en cumplimiento de lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que el Perú ratificó en 1993. Es urgente que, ante los decretos legislativos que actualmente son materia de controversia, el Congreso encuentre alternativas viables cuyo contenido sea consultado con las comunidades indígenas y sus organizaciones. El Poder Ejecutivo, la Policía y el Ejército deben dejar de lado las medidas de fuerza que están tomando para evitar más violencia en este conflicto. “Los gobiernos sólo pueden fortalecer las relaciones de confianza con la población si cumplen lo que prometen, y respetan los derechos de las poblaciones reconocidos en leyes nacionales e internacionales”, añadió el coordinador de Oxfam Internacional en Perú. “También hacemos un llamado a la población que se encuentra protestando para que prevalezca la calma y busquen solución a este conflicto a través del diálogo, no mediante el uso de la fuerza”, señaló. Un debate legal Este Paro Amazónico, que abarca los departamentos de San Martín, Amazonas, Cusco, Loreto, entre otros; se reinició el 09 de abril de 2009, retomando las medidas iniciadas en agosto del año pasado cuando las organizaciones amazónicas protestaron contra una serie de decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo en el marco de la aplicación del TLC con Estados Unidos. Las organizaciones nativas se movilizaron porque no se les consultó acerca de esta legislación, incumpliendo así con el Convenio 169 de la OIT, así como porque consideran que afecta sus derechos sobre sus recursos naturales. Los decretos cuya derogación están pidiendo las organizaciones amazónicas afectan a las comunidades indígenas ya que regulan tierras, territorios, agua, bosques, fauna y otros recursos naturales, facilitando el ingreso de la inversión privada sin incluir mecanismos de consulta a las comunidades. El gobierno no realizó las consultas requeridas con las poblaciones indígenas sobre estas materias. Debe recordarse que en el caso del Perú, más del 70% de la Amazonía ha sido concesionada para que se desarrollen proyectos de hidrocarburos, pese a que esto afecta también los territorios de pueblos indígenas – entre ellos algunos pueblos en situación de aislamiento voluntario – y a áreas de reservas naturales. Todo ello contribuye a la desconfianza de los pueblos indígenas, quienes temen perder la propiedad y derecho de uso de estas tierras o, más aún, que queden inutilizables a consecuencia de la extracción de los recursos naturales del subsuelo. Una comisión multipartidaria del Congreso emitió en diciembre de 2008 un informe en el que recomendaba, como piden los indígenas, derogar diez decretos legislativos que integran un paquete de 32 que fueron aprobadas por el Ejecutivo. El pasado jueves 4 de junio la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad por el decreto 1064 que crea condiciones para la inversión privada en el sector agrario porque vulnera los derechos a la identidad cultural, la propiedad de la tierra y la consulta previa de los Pueblos Indígenas.