Revisión de políticas nacionales es necesaria para frenar drástico aumento de proyectos mineros y de energía en Honduras

Oxfam, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han revelado en un informe publicado hoy que la aprobación de concesiones de explotación y exploración que otorga el Estado de Honduras está creciendo a un ritmo acelerado a pesar de los riesgos socioambientales y, en el caso específico de la minería, su baja contribución al desarrollo económico del país. 

El informe Territorios en riesgo II analiza la distribución de los beneficios y perjuicios del sector minero y de energía en términos de género, economía, medioambiente y territorio. Al 2018, el Estado registró 540 concesiones mineras y 307 proyectos de generación de energía. 

El estudio identifica que en el 64% de los municipios de Honduras hay áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía. La minería se extiende sobre 156 municipios y la generación de energía sobre 100, mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos. 

El análisis interdisciplinario refleja que los regímenes legales y fiscales de estas actividades están estructurados con grandes incentivos para la empresa privada que dejan en detrimento la economía nacional. Ejemplo de ello son las dispensas fiscales aduaneras otorgadas a las empresas de generación de energía con recursos renovables; entre el periodo de 2014 a mayo del 2018, éstas gozaron de 1,179 millones de dólares. Con este monto, el Estado podría haber cubierto cerca del 75% de la deuda pública presupuestada para el 2019 o dos años del presupuesto de la Secretaría de Salud.

A pesar de la promoción que el Estado realiza a favor del sector minero, el aporte promedio de éste durante 2010-2017 no alcanza ni el 1% del PIB. Con respecto a la generación de empleos directos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que solo se emplean 6,029 personas en el área de explotación de minas y canteras a nivel nacional, lo que representa el 0.23% de la población ocupada en el país.

Además, las actuales políticas y prácticas relacionadas con la protección ambiental y los derechos humanos –particularmente los de las mujeres y de los pueblos indígenas– generan un ambiente violento y precario en las comunidades y para las personas defensoras que promueven visiones alternativas. 

El estudio también examina los procesos mediante los cuales se aprueban e implementan los proyectos, analizándolos bajo enfoques de participación ciudadana, de acceso a la información y de la conflictividad.

Se identifica que la aprobación de las concesiones va de la mano con las nuevas políticas que aceleran el otorgamiento de las licencias ambientales. Desde el 2018, con la aprobación del Acuerdo Ministerial 1402-2018, se clasifica la información de los estudios técnicos, las licencias ambientales y la ubicación de las concesiones como parte de la Ley de clasificación de documentos públicos relacionados con defensa y seguridad o “Ley de Secretos”.

Muchos de los ejemplos actuales de la explotación minera y generación de energía eléctrica reproducen un legado de despojo con graves violaciones de derechos humanos en el país, por lo que resulta urgente garantizar el derecho y respeto a la Consulta Ciudadana y al Consentimiento Previo, Libre e Informado, impulsando la participación de las mujeres y reconociendo la no participación como el rechazo de un proyecto, y dando los tiempos necesarios a cada comunidad para la toma de decisiones.