Tribunal hondureño excluye al equipo legal de las víctimas del caso Berta Cáceres, Oxfam pide un juicio justo e imparcial

Oxfam expresa su preocupación por la decisión de excluir a los abogados de las víctimas en el juicio por el asesinato de la defensora de los derechos humanos y activista ambiental hondureña Berta Cáceres.

"Impedir que la familia Cáceres y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) participen en el juicio –y, como resultado, que cuenten con representación legal eficaz e independiente–, podría comprometer gravemente su derecho al debido proceso”, señala George Redman, director de Oxfam en Honduras.

Estas irregularidades fueron denunciadas por la Misión de Observación Calificada, conformada por organizaciones internacionales, nacionales, expertos en derechos humanos, derecho internacional y derecho penal, que ha estado observando el juicio por el asesinato de Cáceres desde el 31 de agosto. 

Los jueces de la sala I del Tribunal de sentencia excluyeron del proceso a tres equipos de abogados privados que representaban los intereses de las víctimas –el hijo, las hijas y la madre de Berta, y Gustavo Castro, víctima de tentativa de asesinato en el mismo caso. La ley hondureña permite que las víctimas participen a través de abogados privados. 

El juicio había sido programado para comenzar el 17 de septiembre. Sin embargo, según lo informado por la Misión de Observación Calificada, fue suspendido luego de que el equipo legal de las víctimas presentara un recurso de recusación contra los jueces "basado en una denuncia por abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violaciones de los deberes de los funcionarios”. Esta petición fue rechazada por el Tribunal.

El 19 de octubre, el equipo legal de las víctimas no asistió al inicio del juicio por pender el recurso vigente sobre la recusación. Como resultado de ello, los jueces declararon que los abogados habían abandonado el proceso, retiraron al equipo legal y delegaron la representación de las víctimas al Ministerio Público.