derechos

Debemos corregir el modelo fallido que rige nuestras economías, que socava la igualdad de género y alimenta una desigualdad económica extrema. 

El asesinato la semana pasada de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la defensa de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, es una muestra de que las empresas internacionales no deben continuar apoyando la construcción de la presa de Agua Zarca, contra la que la activista luchaba.

En Oxfam hemos calculado que si entre 2011 y 2019 la desigualdad en América Latina y el Caribe fuera reducida en cinco puntos, unos 17,4 millones de personas podrían salir de la pobreza. Y al contrario: un aumento de cinco puntos podría dar lugar a unos 18 millones de nuevos pobres.

La Cámara de Representantes de Colombia está debatiendo en plenaria el Proyecto de Ley 223, con el que se pretende crear y desarrollar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Se trata de un instrumento que legalizaría la acumulación irregular de predios -con antecedentes de baldíos- por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra.

Representantes de las 14 comunidades desalojadas del Valle del Polochic entregan al Gobierno de Guatemala una carta firmada por más de 100 organizaciones exigiendo tierras y reasentamiento digno para todas las familias.

A menos que se ponga fin a la exclusión de las mujeres afganas de las negociaciones de paz, ésta no podrá ser duradera, el desarrollo de Afganistán se verá comprometido y los importantes avances logrados en el ámbito de los derechos humanos desde la caída del régimen talibán continuarán amenazados.

Polochic en Guatemala y Curuguaty en Paraguay, son casos paradigmáticos de despojo y acaparamiento de tierra en los últimos años.

Las autoridades paraguayas siguen sin garantizar los derechos que demanda la población campesina afectada por el violento desalojo de la finca Marinakue, en junio de 2012. La campaña internacional “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro” exige que esa propiedad se otorgue a las familias y jóvenes de Curuguaty.

Una campaña internacional de firmas pedirá al Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que entregue a las familias y jóvenes de Curuguaty la propiedad pública de Marinakue, hoy ocupada por una empresa local dedicada a la producción de soja, como consecuencia de un proceso judicial irregular.

Oxfam acoge con satisfacción los compromisos de actuación  adoptados por la empresa ante la enorme presión pública.