La criminalización y las agresiones a defensores de los derechos humanos en América Latina deben terminar de inmediato

10 de diciembre de 2013.- Para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, la campaña CRECE liderada por la organización internacional Oxfam y otras organizaciones de América Latina y el Caribe, hace un llamado enérgico a los Estados para que cese la criminalización de líderes y lideresas de movimientos sociales involucrados en demandas de acceso a tierra y el uso de recursos naturales asentados en sus territorios, y se realicen las acciones judiciales pertinentes que garanticen la debida investigación en torno a estos hechos.

A pesar de que en general las legislaciones nacionales amparan el derecho de acceso a tierra por parte de pequeños productores, la campaña CRECE y sus copartes han sido testigos de una creciente tendencia en la región en judicializar a representantes de movimientos campesinos con demandas de acceso a tierra y uso de recursos naturales. Asimismo, se ha observado un preocupante incremento en las amenazas y asesinatos de líderes de movimientos sociales y defensores.

En Honduras, solo en los últimos 3 años se le ha impuesto medidas cautelares a más de 700 mujeres, cuyo único delito ha sido exigir su legítimo derecho a la tierra y defender los recursos naturales de sus comunidades. En ese país, de las 2 millones de mujeres que viven en el área rural, 1.3 millones afrontan condiciones de pobreza, producto de las desigualdades y la brecha de género en el acceso a la tierra, asistencia técnica y crediticia para producir alimentos.

Por otro lado en Guatemala,  769 familias fueron violentamente desalojadas en marzo de 2011 del Valle del Polochic, tierras que históricamente han sido trabajadas por comunidades indígenas. Hasta el momento, sólo 140 familias han sido restituidas por parte del gobierno con la entrega de títulos de tierras. En general, la tendencia documentada por CRECE indica que la ampliación de la siembra de monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana está desplazando y dejando sin medios de vida a familias y comunidades rurales, principalmente a pueblos indígenas, como el caso de las familias q’eqchi’es del Polochic. En otros casos en Guatemala, se han girado decenas de órdenes de captura y encarcelado a varios líderes y lideresas  que han ejercido oposición comunitaria a la construcción de hidroeléctricas y proyectos de minería metálica en las zonas de Barrillas, La Puya y San Rafael. En junio de este año, la defensora comunitaria Yolanda Oqueli, quien ha protestado en múltiples ocasiones contra de un proyecto minero en el departamento de Guatemala, sufrió un ataque a mano armada del que afortunadamente pudo recuperarse.

En Paraguay, según la Coordinadora de Derechos Humanos, 6 dirigentes e integrantes de organizaciones de trabajadores campesinos han sido agredidos, en el contexto de la lucha por la reforma agraria en el país. “Estos datos nos muestran que persiste un patrón en la acción represiva y que el Estado y los propietarios de latifundio solo buscan desarticular la lucha de las organizaciones campesinas contra un modelo de desarrollo depredador y excluyente”, dijo Oscar López, director de Oxfam en Paraguay. “El recrudecimiento actual de desalojos violentos e imputación de líderes rurales muestra que el actual gobierno, a pesar de sus promesas, persiste en estas prácticas que violan los más elementales derechos de campesinos y campesinas”, agregó.

Adicionalmente, el liderazgo de los movimientos sociales en América Latina también se ve amenazado por las persecuciones, amenazas y sanciones que sufren las organizaciones no gubernamentales de la región. Recientemente, sobresale la disolución de la Fundación Pachamama, en Ecuador, tras ser acusada por el gobierno de "injerencia en políticas públicas" y "atentado contra la seguridad interna y paz".  La Fundación ha anunciado que impugnará la medida y que no permitirá que se desvíe la atención de la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos, quienes son propietarios ancestrales de territorios reclamados actualmente por compañías petroleras.

Una de las situaciones más preocupantes se vive en Colombia, dónde se han reportado 52 asesinatos de líderes campesinos y comunitarios en los primeros nueve meses de 2013. El 30 de septiembre pasado, Adelinda Gómez Gaviria, lideresa campesina del departamento del Cauca, fue asesinada frente a su hijo de 16 años, quién quedó herido de gravedad. El caso de Adelinda refleja la grave situación para el liderazgo campesino en Colombia, que en muchos casos también enfrenta amenazas de bandas del crimen organizado por reclamaciones de tierras, situación que ha sido documentada por Human Rights Watch.

En el marco de la Campaña CRECE, Oxfam hace un llamado a los gobiernos e instituciones responsables para que cese la criminalización de campesinos y campesinas reclamantes de tierra y defensores de derechos humanos en América Latina, y exige a los Estados a tomar medidas urgentes que pongan fin a la impunidad y den curso efectivo a las investigaciones de las agresiones en contra de líderes de movimientos sociales en todo el continente.

Más información

Campaña CRECE de Oxfam

¿Qué ha pasado en el Polochic?