Familias y jóvenes de Paraguay siguen sin tierra dos años después de la masacre de Curuguaty

- Las autoridades paraguayas siguen sin garantizar los derechos que demanda la población campesina afectada por el violento desalojo de la finca Marinakue, en junio de 2012

- La campaña internacional “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro” exige que esa propiedad se otorgue a las familias y jóvenes de Curuguaty.

- En Latinoamérica 10 países registran un elevado acaparamiento de tierras, al igual que Paraguay; otros tres reportan un grado regular.

La disputa entre una comunidad campesina y una empresa sojera por la propiedad pública de Marinakue devino en la masacre de Curuguaty, un violento desalojo ocurrido el 15 de junio de 2012, que terminó con la vida de seis policías intervinientes y once campesinos y acabó con la destitución del presidente paraguayo de entonces, Fernando Lugo. Dos años después, las familias campesinas afectadas siguen reclamando el esclarecimiento de esos hechos, un juicio justo para los campesinos imputados tras el desalojo y el acceso a las tierras en disputa, que demandan desde 2004, cuando iniciaron el trámite administrativo previsto por el Estado para otorgar propiedades públicas disponibles a familias rurales sin tierra.

Se debe hacer justicia por partida doble

En mayo pasado, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra -dependencia gubernamental a cargo de implementar la reforma agraria- confirmó que Marinakue es una propiedad estatal. Esa declaración debe ahora ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia, organismo que ya se pronunció en contra de las acciones legales de una empresa que reclama la finca como suya, luego de que en 2004 la registrara a su nombre tras un irregular proceso judicial.

Para el director de Oxfam en Paraguay, Oscar López, si la finca Marinakue es entregada a las familias víctimas de la masacre de 2012, Paraguay estaría haciendo justicia por partida doble. “Otorgar Marinakue a las familias y jóvenes sin tierra de Curuguaty honraría su demanda histórica por el derecho a la tierra y supondría también que los campesinos imputados pudieran quedar exentos del cargo de invasión de inmueble ajeno; debilitando así el argumento de la acusación presentada en su contra por la fiscalía,” aseguró.

Los campesinos imputados están a la espera del juicio

El próximo 26 de junio inicia el juicio contra las personas imputadas tras la masacre, todas campesinas. Numerosas organizaciones de la sociedad civil denuncian que el proceso judicial ha sido irregular y que el Estado no ha garantizado el derecho de los campesinos a un juicio justo. Por su parte, el 65,5 % de la ciudadanía paraguaya cree que no se están respetando los derechos constitucionales de los imputados y un 82% cree que hay información vinculada al caso que todavía no sale la luz, revela una encuesta del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo.

“No descasaremos hasta que el gobierno de Cartes haga justicia”, dijo Perla Álvarez, representante de la Articulación por Curuguaty. “A él le demandamos que actúe pronto y otorgue a las familias y jóvenes la tierra, la vida digna y el futuro al que tienen derecho; a la ciudadanía de América, de Europa y de todo el mundo le pedimos que se sume a las miles de personas que ya dieron su firma a nuestra campaña”, agregó. “Debemos usar nuestro poder para detener el acaparamiento de la tierra”.

Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro

En abril pasado, Oxfam, la Articulación por Curuguaty y las familias afectadas lanzaron la campaña internacional de firmas “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro”, apoyada por diversos colectivos, instituciones, artistas paraguayos e internacionales y figuras como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La campaña exige al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, la entrega de la tierra pública de Marinakue a las familias y jóvenes de Curuguaty; y busca abrir un diálogo transparente con el poder ejecutivo paraguayo que permita resolver cuanto antes este caso de acaparamiento.

La concentración de tierras, frecuente en Latinoamérica y el Caribe

En Paraguay, el 2% de la población acumula el 85% de la tierra. El país es el cuarto exportador de soja del mundo y dedica a ese monocultivo el 92% de su territorio cultivable. Esta grave concentración de la tierra se repite en varios países de Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo con FAO, en 2011 diez países de la región presentaban un grado elevado de acaparamiento de tierras y otros 3 un grado regular. Los 10 países donde se registra un acaparamiento de tierras sustancial son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que lo presenta en un grado regular son Panamá, México y Nicaragua.

“Curuguaty es un triste ejemplo de criminalización del campesinado y de exclusión de la juventud rural a raíz de un proceso de acaparamiento de tierras, por ello, debemos evitar que se repita en otros países”, dijo Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña CRECE en América Latina. “Se trata de un problema real. En Honduras 700 campesinas tienen orden de captura por defender su derecho a la tierra, en Guatemala casi 800 familias fueron desalojadas violentamente de su territorio para concederlo a empresas productoras de caña; y en Colombia, sólo en 2013, más de 50 líderes campesinos y comunitarios fueron asesinados. Esto debe detenerse ya,” concluyó.