El pasado viernes 26 de septiembre, mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ejercían su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, fueron atacados por la policía local. El resultado de estas agresiones fue de 6 personas asesinadas, 20 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
Han pasado doce días desde aquellos lamentables sucesos, y aún se desconoce el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
Mientras tanto, distintas organizaciones de derechos humanos de la región y los testimonios de algunos supervivientes y familiares de las víctimas, han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte del Estado mexicano, entre ellas: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y ausencia de un protocolo efectivo de búsqueda de personas desaparecidas, así como canales directos de consulta e información a los familiares sobre la investigación para localizar con vida a los desaparecidos.
Sistemática violación a los derechos humanos
Estos hechos son el episodio más reciente de una sistemática violación a los derechos humanos en el estado de Guerrero. Tan sólo en los últimos dos años se ha asesinado a 4.397 personas. En diciembre de 2011 dos estudiantes de la misma escuela fueron acribillados y otros veinte fueron víctimas de tortura y malos tratos por parte de la Policía Ministerial del estado. Así mismo, en mayo de 2013, Arturo Hernández, Ángel Román y Rafael Bandera, integrantes de la organización Unidad Popular, fueron secuestrados y ejecutados; hechos en los que también estuvo involucrado José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala. En este contexto se inscriben también las detenciones de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP).
Sin embargo, esta situación no se limita al estado de Guerrero, pues a nivel nacional ha habido un innegable recrudecimiento de la violencia. La descomposición y la parálisis de las instituciones del Estado mexicano las ha mostrado incapaces de salvaguardar la vida e integridad de las personas, permitiendo que crezca la inseguridad, el terror y la zozobra. Lamentablemente, hasta este momento el país no cuenta a nivel federal ni estatal con una política de seguridad ciudadana integral, al mismo tiempo que se ha agudizado la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. La opacidad frente a violaciones a los derechos humanos, la corrupción, y la falta de acceso a la justicia han caracterizado el contexto de este país, generando un ambiente de impunidad y de desgarramiento del tejido social.
Los 43 desaparecidos deben ser encontrados vivos ya
Los crímenes que se han cometido contra los estudiantes no pueden quedar impunes. Los 43 desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados.
Más de 100 organizaciones se unen para pedir investigaciones
Por todo lo anterior, 103 organizaciones e individuos de la sociedad civil que firmamos este documento exigimos al Gobierno federal y estatal:
- La presentación inmediata y con vida de cada uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada, lo que demanda la implementación de protocolos eficientes de búsqueda apegados a los más altos estándares internacionales, la acción coordinada e investigaciones rápidas y exhaustivas que involucren a todas las instancias competentes. Al respecto, hacemos una enérgica protesta contra el gobierno federal por su tardía respuesta, pues tuvieron que pasar 8 días para que interviniera.
- El esclarecimiento e identificación de los más de veinte cuerpos hallados en las fosas clandestinas en Iguala. En este sentido, nos sumamos a la exigencia de los familiares de los desaparecidos a que sean antropólogos forenses independientes quienes determinen la identidad de los cuerpos encontrados. Es indispensable también que los representantes del equipo argentino de antropología forense, que ya están en Iguala, reciban todo el respaldo institucional para apoyar el proceso de exhumación e identificación de los restos encontrados.
- El enjuiciamiento y el castigo a los autores materiales e intelectuales. No aceptaremos que los hechos se atribuyan al crimen organizado, cuando a todas luces sabemos que se trató de un crimen de Estado, en el que policías y funcionarios de distintos niveles de gobierno estuvieron involucrados, por omisión o por aquiescencia.
- Demandamos que las autoridades estatales y federales traten con todo respeto a los familiares de los estudiantes desaparecidos y los mantengan informados, antes que a los medios de comunicación, de cada avance en la búsqueda permanente de sus seres queridos, así como del proceso de identificación de los cuerpos. Ellos, al igual que los integrantes de las organizaciones de apoyo en la región deberán tener garantizada su seguridad en todo momento.
- Tenemos presente que estos hechos afectan profundamente a las Normales Rurales en su conjunto, reconocemos en ellas y en los maestros que ahí se forman, una esperanza para los pueblos que aspiran a tener acceso a la educación. Por ello manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a este modelo educativo y a los estudiantes que desde ahí se organizan.
Llamamiento a la comunidad internacional
Llamamos a la comunidad nacional e internacional a estar atenta de la actuación de las autoridades federales, estatales y locales en el desarrollo del proceso para que estos hechos tan graves no queden impunes. El 23 de octubre, realizaremos un día de acción global con un acto central en Ciudad de México, una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo. Los desaparecidos nos faltan a todas y todos. Es tiempo de que como sociedad frenemos esta barbarie.
Desde Oxfam sumamos nuestra voz en solidaridad con Ayotzinapa
Desde Oxfam México sumamos nuestra voz en solidaridad con las víctimas y sus familias, compañeras y compañeros de los acontecimientos en Ayotzinapa; exigimos a las autoridades realicen las investigaciones correspondientes de manera imparcial, y expedita para que todos aquellos responsables sean llevados ante la justicia.
Como organización que apoya e impulsa a las personas para hacer valer y ejercer sus derechos, como el derecho a la vida y a la seguridad y el derecho a ser escuchado, nos preocupa el nivel de violencia en un contexto de creciente impunidad y criminalización de la protesta. Sabemos que las organizaciones de sociedad civil en todo el país y, con las que trabajamos en estados como Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, se enfrentan diariamente con los efectos del ciclo de violencia y reconocemos su labor en este difícil contexto. ¡Sin paz no hay desarrollo!
Nos sumamos a la indignación, y exigimos a las autoridades competentes asumir su responsabilidad en el asunto. En tanto no sean identificadas las personas encontradas en las fosas del municipio de Iguala, seguiremos insistiendo que las autoridades presenten a los estudiantes desaparecidos con vida. Es momento de que las autoridades se sumen a un cambio verdadero, que haga de México un país en el cual se respeten los derechos humanos, prevalezca la paz y la justicia.
Toda nuestra solidaridad con los familiares de las personas asesinadas y de las que permanecen desaparecidas.
Actualización
El 4 de noviembre detienen a Alcalde de Iguala y su esposa.
El 5 de noviembre se realizaron nuevas movilizaciones y se presenta este manifiesto.
