Guatemala: derechos humanos en riesgo por corrupción imperante

Guatemala, 12 de agosto de 2015. La corrupción imperante ha afectado muchas instituciones públicas y está impactando la vida de las y los guatemaltecos. El problema es grave en el caso de las personas más vulnerables y en condiciones de desventaja, socavando su realización plena y el respeto a sus derechos humanos como la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, e incluso la propia vida.

En todo acto de corrupción siempre se involucra un corrupto y un corruptor, muchas veces empresarios, funcionarios públicos o personas particulares que buscan beneficios con el uso ilegal e ilegítimo de los recursos públicos: es decir, la corrupción es un mal que aqueja a todos los sectores, no sólo al Gobierno. Las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público evidencian que la corrupción se ha propagado gracias a la impunidad y contamina a empresas privadas, partidos políticos y prácticamente a toda la administración pública, incluyendo las entidades autónomas, descentralizadas y a los Organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Entender y erradicar la corrupción es un reto complejo, ya que por su naturaleza oculta y opaca, es difícil evidenciarla y sancionarla: son prácticas que transitan en los linderos más oscuros del comportamiento humano.

Según el estudio "La corrupción: Sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación", presentado por el ICEFI y Oxfam, la corrupción ocurre principalmente por: legislación desactualizada; institucionalidad débil; acceso deficiente a la información pública, participación ciudadana escasa, conflictos de interés, e impunidad.

Si bien pareciera que la sociedad guatemalteca ha desarrollado tolerancia hacia los actos de corrupción, esta es una situación que con los años ha cambiado. En 2015, casos escandalosos de estructuras de corrupción enquistadas en las entidades del Estado, muchas de ellas lideradas por funcionarios de alto nivel o electos por voto popular, como los denominados casos La Línea, IGSS-PISA, Bufetes de la Impunidad, entre otros, están propiciando una nueva práctica ciudadana, más consciente sobre su rol fiscalizador. Esta coyuntura abre esperanzas para que en Guatemala se lleguen a consolidar procesos robustos de auditoría ciudadana que incidan en el fortalecimiento de los organismos del Estado.

Esta coyuntura esperanzadora, no obstante, no es garantía de que los recursos públicos no continúen expuestos a la corrupción. El estudio presentado el día de hoy identifica varios rubros del presupuesto público de 2015, considerados como expuestos o vulnerables, entre los que destacan: 1) inversión pública incluida en el denominado «listado geográfico de obras», con Q 11,514 millones presupuestados; 2) compras estatales de medicamentos e insumos médicos, alimentos, arrendamientos, publicidad, combustibles, fertilizantes y armas, con Q 5,891 millones presupuestados; y 3) gasto público ejecutado por fideicomisos como Covial o el Fondo Social de Solidaridad, y el Fondo para la Vivienda con Q 3,409 millones presupuestados. En total estos rubros vulnerables representan el 29% del presupuesto total, y si además se supone que uno de cada cinco quetzales es presa de la corrupción en estos rubros, en 2015 se teme que se perderán por corrupción alrededor de Q 4,160 millones, equivalentes al 6% del presupuesto total.

Aunque el camino para enfrentar este flagelo no es fácil, el estudio de ICEFI y Oxfam presenta una propuesta para hacer frente a la corrupción en Guatemala, basada en el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, de la legislación, del acceso a la información pública y de la participación ciudadana. De igual forma, ICEFI y Oxfam hacen un llamado a funcionarios públicos, candidatos a puestos de elección popular y principalmente a la ciudadanía, a comprometerse a aprovechar el momento histórico que vive el país, y cerrar filas para lograr una lucha frontal y efectiva contra la corrupción. De esta lucha depende, en buena medida las posibilidades de construir una sociedad con mayores posibilidades de desarrollo y democracia.