Persiste la violación de los derechos humanos de la población civil en el este de la RDC a medida que se extiende el control del Estado
La República Democrática del Congo (RDC) lleva 20 años en los titulares de todo el mundo debido a un conflicto que se arrastra desde entonces. Con la derrota del grupo rebelde M23 en noviembre de 2013, parecía que el ciclo de violencia llegaba a su fin y el país pasaba a una nueva fase post conflicto.
No obstante, el estudio realizado con motivo de este informe ha constatado que la explotación de la población sigue siendo generalizada; en muchas zonas las personas siguen siendo vulnerables ante la violencia brutal de los grupos armados, y en algunos casos de las fuerzas gubernamentales, incluidos la policía, el ejército y funcionarios local.
El enorme reto que supone la consolidación de la autoridad del Estado para servir a la población congoleña y garantizar la paz duradera sigue siendo una prioridad vital.
Recomendaciones para el Gobierno de la RDC
Con el objetivo de cumplir su compromiso de “consolidar la autoridad del Estado”, el Gobierno nacional de la RDC debe:
- Pagar los sueldos de los funcionarios públicos, formarles en cuanto a funciones y responsabilidades, y realizar un seguimiento del desempeño de esas funciones y responsabilidades, comenzando por las zonas objeto de estabilización, antes de finales de 2015.
- Apoyar la investigación para la creación de un sistema de cuotas en el número de mujeres funcionarias gubernamentales y su puesta en marcha.
Las autoridades provinciales, territoriales y locales deben:
- Dar prioridad en el presupuesto a la dotación de apoyo para que los funcionarios públicos puedan ofrecer servicios tanto en zonas rurales como urbanas.
- Promover el acceso de mujeres, jóvenes y otros grupos a puestos de gestión y toma de decisiones en las estructuras consuetudinarias encargadas de prestar servicios públicos.
- Organizar sesiones de formación y sensibilización en las comunidades, de forma que la población entienda las funciones y responsabilidades de los funcionarios, y sepa que esos servicios deben prestarse de forma gratuita.
Con el objetivo de cumplir su compromiso de “continuar y profundizar” en la reforma del sector de seguridad (RSS), el Gobierno de la RDC debe:
- Asignar un presupuesto para la reforma de los servicios de seguridad y garantizar que se paguen los sueldos debidos por esos servicios de seguridad. Promulgar todas las leyes necesarias en relación a la RSS, de acuerdo con el plan de acción del PSCF.
- Cumplir el compromiso recogido en el plan de acción del PSCF publicado en julio de 2014 de poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas para todos los servicios de seguridad – policía, ejército y servicios de inteligencia – antes de finales de 2015.
- Avanzar urgente mente en el último programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), que aún no ha recibido financiación.
