La corrupción imperante ha afectado muchas instituciones públicas y está impactando la vida de las y los guatemaltecos, socavando su realización plena y el respeto a sus derechos humanos como la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, e incluso la propia vida.
En Guatemala, la corrupción en la gestión pública es uno de los rasgos que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos. No obstante, 2015 es un año en el que se registra un cambio en esta perspectiva de tolerancia a la corrupción.
Ocho semanas han transcurrido desde que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, diera a conocer la existencia de una estructura criminal liderada por altos funcionarios de gobierno, quienes serían responsables de actos de corrupción y defraudación aduanera.