educación

La pandemia de coronavirus ha puesto al descubierto nuestra fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente desigual, de beneficiar al conjunto de la sociedad. No obstante, también nos ha enseñado que la acción de los Gobiernos es vital para proteger nuestra salud y nuestros medios de vida, y construir un mundo más justo y sostenible.

La pandemia de COVID-19 ha sacudido un mundo que no estaba preparado para hacerle frente, debido principalmente a la falta de políticas nacionales para combatir la desigualdad. De los países analizados en la elaboración del Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad (CRI) 2020, tan solo uno de cada seis realizaba una inversión suficiente en salud.

Este informe muestra el poder incomparable que tiene la educación pública a la hora de responder ante la creciente desigualdad y de acercar a las personas entre sí. Para lograrlo, la educación debe ser tanto equitativa como de calidad, además de gratuita, universal y estar debidamente financiada

En demasiados países, recibir una buena educación o una atención médica de calidad es un lujo que solo las personas ricas pueden permitirse. Profesores y trabajadores de la salud pública como Nellie y Dorra dedican su vida a mejorar los servicios públicos para que las personas más pobres puedan beneficiarse de ellos. Desde sus trabajos, ellas luchan contra la desigualdad cada día.

En 2015, los Jefes de Estado de 193 Gobiernos se comprometieron a reducir la desigualdad para cumplir con el objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta segunda edición del índice se basa en una nueva base de datos que abarca ahora a 157 países, con indicadores que miden la acción de los Gobiernos en cuanto al gasto social, la política tributaria y los derechos laborales, tres áreas consideradas críticas para reducir la brecha entre ricos y pobres.

La pandemia de coronavirus ha sacudido un mundo que ya era profundamente desigual. El Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad destaca el hecho de que ningún país del mundo estaba tomando las medidas necesarias para abordar la desigualdad antes de la pandemia.

El aumento de la desigualdad económica es un duro golpe para la lucha contra la desigualdad de género y una amenaza para los derechos de las mujeres. 

Las ONG advierten del peligro que corren los flujos de remesas, una fuente de sustento vital para Somalia, a medida que cada vez más bancos de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países limitan o ponen fin a sus relaciones con los operadores de transferencia de dinero somalíes.

A menos que se ponga fin a la exclusión de las mujeres afganas de las negociaciones de paz, ésta no podrá ser duradera, el desarrollo de Afganistán se verá comprometido y los importantes avances logrados en el ámbito de los derechos humanos desde la caída del régimen talibán continuarán amenazados.